Corte Suprema dejó en firme la condena de seis años contra el exmagistrado Camilo Tarquino y ordenó su captura por el 'cartel de la toga'

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia adoptó una determinación definitiva en relación con el proceso judicial que se adelantaba contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego. El alto tribunal decidió no casar la sentencia que lo halló responsable del delito de concusión, lo que significa que la condena de seis años de prisión impuesta previamente queda en firme y debe ser ejecutada de manera inmediata. Ante esta situación, la corporación judicial procedió a emitir la correspondiente orden de captura para que el exfuncionario cumpla la pena establecida en un centro de reclusión.

Camilo Humberto Tarquino Gallego fue hallado responsable del delito de concusión. Según lo establecido en el Código Penal colombiano, esta conducta se tipifica cuando un servidor público, abusando de su cargo o de sus funciones, constriñe o induce a una persona a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos. Es importante precisar que, en la estructura jurídica de este delito, la iniciativa y la presión emanan de quien ostenta o invoca el poder público, diferenciándose del cohecho en el cual existe un acuerdo de voluntades entre las partes involucradas.

La reconstrucción de los hechos realizada por la Corte Suprema de Justicia indica que, entre los meses de septiembre y octubre del año 2014, Tarquino Gallego sostuvo una serie de reuniones con Alejandro Lyons Muskus, quien para ese momento se desempeñaba como gobernador del departamento de Córdoba y enfrentaba investigaciones de carácter penal. En el marco de estos encuentros, el exmagistrado habría solicitado la suma de 20.000 millones de pesos con el objetivo de intervenir y "arreglar" los procesos judiciales que cursaban en contra del entonces mandatario departamental.

De acuerdo con el expediente, Alejandro Lyons Muskus rechazó la exigencia inicial de los 20.000 millones de pesos, por lo que dicha cantidad nunca fue entregada al exmagistrado. No obstante, el fallo judicial detalla que, con posterioridad a esta negativa, Tarquino Gallego solicitó una suma menor, correspondiente a 60 millones de pesos, bajo el argumento de que estos recursos eran necesarios para cubrir diversos gastos. De esta segunda solicitud, el exgobernador Lyons realizó la entrega efectiva de 30 millones de pesos.

En el desarrollo de estas conversaciones y transacciones habrían participado como intermediarios Muriel Benito Rebollo Balseiro y el padre de Alejandro Lyons. La Sala de Casación Penal determinó que el delito de concusión se configuró plenamente con la sola exigencia económica realizada mediante el abuso del poder público invocado. Para la justicia, la gravedad del hecho reside en la presión ejercida, independientemente de que la suma mayor de 20.000 millones de pesos no llegara a manos del procesado.

La Corte Suprema de Justicia también señaló que, durante los acercamientos con Lyons, Tarquino mencionó tener contactos de alto nivel dentro del aparato judicial. Entre los nombres citados se encontraban el exmagistrado Leonidas Bustos, quien en ese periodo integraba la Sala de Casación Penal, y el exmagistrado Francisco Ricaurte. Asimismo, se indicó que Tarquino aseguró haber mantenido comunicación con el fiscal Julio César Martínez. El alto tribunal concluyó que existía un acuerdo previo entre Tarquino y Leonidas Bustos para el desarrollo de estas actividades ilícitas.

Este caso se encuentra enmarcado en el entramado de corrupción conocido como el 'cartel de la toga'. Este esquema delictivo fue descubierto en el año 2017 y reveló la existencia de una red dedicada a solicitar sobornos a cambio de manipular procesos judiciales que involucraban a congresistas y otros actores políticos en la Corte Suprema de Justicia. Un hito fundamental en el desmantelamiento de esta estructura fue la captura, en ese mismo año, del entonces fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien se convirtió en una pieza clave para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los integrantes de la red.

El recorrido judicial de Camilo Humberto Tarquino Gallego incluyó una condena en primera instancia proferida en mayo de 2023. Posteriormente, en abril de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó dicha sentencia en segunda instancia. Ante este escenario, la defensa del exmagistrado interpuso el recurso extraordinario de casación. Este mecanismo busca que la Corte Suprema de Justicia revise si en las sentencias previas se presentaron violaciones a la ley o a las garantías fundamentales de los procesados.

Tras el análisis correspondiente, la Sala de Casación Penal rechazó los argumentos presentados por la defensa de Tarquino y decidió no casar la sentencia. La Corte fue explícita al señalar que contra esta determinación no procede ningún recurso adicional, lo que otorga al fallo la categoría de cosa juzgada. Con este pronunciamiento, la condena de seis años de prisión queda ejecutoriada y en firme, transformando la situación jurídica de Tarquino de procesado a condenado de manera definitiva.

Al momento de la notificación de esta decisión, no se disponía de información oficial sobre el paradero exacto del exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego. De igual manera, no se registró un pronunciamiento inmediato por parte de su equipo de defensa técnica. Las autoridades competentes no han confirmado si la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia ya se hizo efectiva para proceder con el traslado del condenado al establecimiento penitenciario donde deberá purgar su pena por el delito de concusión.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué fue condenado el exmagistrado Camilo Tarquino?

Fue hallado responsable del delito de concusión tras solicitar 20.000 millones de pesos al exgobernador Alejandro Lyons para manipular procesos judiciales en su contra.

¿Cuál es la pena impuesta y qué ordenó la Corte Suprema?

La condena es de seis años de prisión y la Corte ordenó su captura inmediata tras dejar en firme la sentencia y rechazar el recurso de casación de su defensa.

¿Cómo se relaciona este caso con el 'cartel de la toga'?

Tarquino formaba parte de una red de corrupción que solicitaba sobornos a políticos a cambio de beneficios judiciales, actuando en presunto acuerdo con otros exmagistrados como Leonidas Bustos.