Procuraduría abrió investigación disciplinaria a tres exdirectivos de la Aerocivil por contrato de comunicaciones para 18 aeropuertos

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres exdirectivos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), con el propósito de esclarecer presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato que supera los $36.300 millones y está destinado a modernizar los sistemas de comunicaciones de voz en 18 aeropuertos del país. La decisión fue divulgada el 18 de octubre de 2026. Fuente oficial.

Los vinculados al proceso son José Henry Pinto Rodríguez, quien estuvo al frente de la dirección general durante 2025; Luis Alfonso Martínez Chimenty, quien ocupó ese cargo entre 2025 y 2026, y Carlos Uriel Barragán Mina, secretario de Servicios a la Navegación Aérea entre 2023 y 2026.

La actuación del Ministerio Público busca determinar si durante la gestión del contrato se presentaron fallas administrativas que impidieron cumplir con las verificaciones técnicas previstas antes de trasladar los equipos desde las instalaciones del fabricante extranjero hasta Colombia.

El contrato contempla la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los Sistemas de Comunicaciones de Voz, conocidos como VCS, por su sigla en inglés. Estas plataformas permiten establecer comunicaciones entre los controladores de tránsito aéreo, las tripulaciones de las aeronaves y otras dependencias vinculadas con la navegación aérea.

Por su función dentro de las operaciones aeroportuarias, la revisión de estos sistemas antes de su instalación constituye una etapa relevante para comprobar que los equipos cumplen con las condiciones técnicas acordadas.

De acuerdo con la Procuraduría, una de las situaciones bajo examen corresponde a presuntas deficiencias en la gestión de los permisos para que los funcionarios encargados de supervisar las pruebas viajaran al exterior y realizaran las verificaciones presenciales en las instalaciones del proveedor.

El organismo de control advirtió que, aparentemente, las pruebas requeridas no se habrían efectuado en los términos previstos. Esta situación podría afectar dos aspectos contemplados en el contrato: la comprobación de la calidad de los equipos antes de su despacho y la formación del personal de la Aerocivil que tendría a su cargo su utilización.

La investigación deberá establecer qué actuaciones se adelantaron, si se cumplieron las obligaciones establecidas y si hubo posibles incumplimientos de los deberes funcionales por parte de los exdirectivos vinculados.

La apertura de una investigación disciplinaria no representa una declaración de culpabilidad ni significa que los funcionarios hayan sido sancionados. En esta etapa, la Procuraduría busca reunir y evaluar pruebas para determinar si existen elementos que permitan establecer una eventual responsabilidad.

Una vez concluida la investigación, el organismo podrá ordenar el archivo del expediente si no encuentra fundamentos para continuar o avanzar hacia la formulación de cargos, cuando corresponda. Las decisiones posteriores dependerán de los resultados del procedimiento y de las garantías de defensa de los investigados.

Hasta el momento, la información divulgada no identifica el número del contrato ni detalla cuáles son los 18 aeropuertos incluidos en el proyecto.

El nuevo expediente se conoce en un contexto de otras actuaciones institucionales relacionadas con la gestión de la Aerocivil. En julio de 2026, la Contraloría General de la República ordenó una inspección en las instalaciones de la entidad para recopilar documentos, testimonios y otros elementos relacionados con diferentes procesos contractuales.

Durante ese mismo mes, la Procuraduría también abrió una indagación previa por posibles irregularidades asociadas con presunto tráfico de influencias en nombramientos y contratos. Se trata de una actuación diferente de la investigación sobre los sistemas de comunicaciones de voz.

La Aerocivil tiene responsabilidades centrales en la regulación y operación de la navegación aérea y en el desarrollo de proyectos de infraestructura aeroportuaria. Por ello, el avance de este proceso permitirá establecer si se presentaron faltas disciplinarias en la gestión del contrato y qué decisiones corresponden adoptar al organismo de control.

Por ahora, las presuntas irregularidades continúan bajo investigación y no existe, en la información pública citada, una determinación definitiva sobre la responsabilidad individual de los tres exdirectivos.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Procuraduría investiga a tres exdirectivos de la Aerocivil?

Se indagan presuntas irregularidades y fallas en la supervisión de un contrato de 36.300 millones de pesos para modernizar los sistemas de comunicación de voz en 18 aeropuertos.

¿Quiénes son los exfuncionarios vinculados al proceso?

Los investigados son los exdirectores generales José Henry Pinto Rodríguez y Luis Alfonso Martínez Chimenty, junto al exsecretario de Servicios a la Navegación Aérea, Carlos Uriel Barragán Mina.

¿Cuál es la falla principal que detectó el Ministerio Público?

Se investigan deficiencias en la gestión de permisos para que los supervisores viajaran al exterior a realizar pruebas técnicas obligatorias a los equipos antes de ser traídos a Colombia.