Corte estudia tutela de Carlos Ramón González pero ratificó orden de captura internacional

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió mantener en firme la circular roja de Interpol contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González, quien permanece prófugo en medio del proceso judicial que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La defensa de González presentó una acción de tutela contra la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la medida de aseguramiento en centro carcelario y adicionó el delito de lavado de activos a las imputaciones. La Corte Suprema avocó conocimiento de la tutela, pero negó la solicitud de levantar la circular roja, al considerar improcedente el requerimiento.

Según lo dispuesto por el magistrado ponente, no se acreditaron las condiciones de urgencia ni gravedad necesarias para suspender la medida, como lo establece la normativa vigente.

La Corte también dispuso que todas las actuaciones relacionadas con este caso sean publicadas en la página web oficial, teniendo en cuenta que González no ha podido ser notificado personalmente y que, de acuerdo con la información disponible, permanece en territorio panameño bajo solicitud de asilo. Con ello, se busca garantizar que las partes interesadas estén informadas sobre el curso del trámite constitucional en estudio.

El Tribunal Superior de Bogotá, en decisión de segunda instancia, había revocado un auto del 3 de julio de 2025 y ordenado la detención preventiva en establecimiento carcelario de González, esta vez incluyendo el delito de lavado de activos, que en un primer momento había sido excluido de la imputación. De acuerdo con la providencia, la justicia encontró elementos suficientes para inferir la participación del exfuncionario en los hechos investigados.

Dentro de las indagaciones, la Fiscalía sostiene que González, en su condición de exdirector del DAPRE y del desaparecido Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), habría liderado un esquema de pagos a dirigentes políticos.

Según la hipótesis, por medio del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, se habrían entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al expresidente de la Cámara, Andrés Calle. Ambos excongresistas se encuentran privados de la libertad en la cárcel La Picota por su presunta participación en los hechos.

Mientras avanza la revisión de la tutela, González continúa siendo buscado por las autoridades colombianas bajo la orden internacional emitida por Interpol, que lo mantiene en la lista de prófugos requeridos por la justicia.