Contraloría activó función de advertencia por riesgos fiscales y alertó sobre aumento de la contratación del Gobierno Nacional

La Contraloría General de la República emitió una Función de Advertencia dirigida al Gobierno Nacional y al Ministerio de Hacienda, luego de identificar una serie de riesgos asociados al manejo presupuestal, financiero y contractual del Estado durante el actual periodo fiscal.

El informe, presentado con corte entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, concluye que existen condiciones que ameritan un seguimiento permanente sobre la ejecución de los recursos públicos. En el documento, el organismo sostiene que "el análisis evidencia riesgos que justifican activar la Función de Advertencia, en un contexto de presión sobre la caja del Gobierno, restricciones de financiación y aceleración de la contratación pública".

De acuerdo con la Contraloría, una vez fue levantada la restricción de la Ley de Garantías se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones, cifra que representa un incremento del 22,5 % frente al mismo periodo de hace cuatro años. El informe también llama la atención sobre el volumen de contratación directa, al señalar que supera los 11.000 contratos durante las últimas cuatro semanas analizadas.

La entidad indicó que esta dinámica contractual se concentra principalmente en contratos de obra pública y de prestación de servicios, situación que, a su juicio, exige un monitoreo permanente para verificar que los compromisos adquiridos respondan a una adecuada planeación financiera y presupuestal.

En ese sentido, el documento advierte que "esta situación demanda un seguimiento permanente para verificar que las obligaciones asumidas correspondan a una adecuada planeación financiera y presupuestal, junto con la real capacidad de ejecución y supervisión, durante los 5 meses restantes de la vigencia fiscal".

El organismo de control explicó que el Gobierno enfrenta un escenario caracterizado por menor recaudo, incumplimiento en la meta de ingresos, necesidades adicionales de financiación y presiones sobre la disponibilidad de caja. Bajo estas condiciones, sostuvo que cualquier decisión relacionada con nuevos compromisos presupuestales o contractuales debe contar con respaldo financiero suficiente.

La Contraloría enfatizó que "cualquier aceleración de compromisos presupuestales, financieros o contractuales debe estar respaldada por la capacidad financiera efectiva del Estado y por una posibilidad real de ejecución".

Entre los principales riesgos detectados, la entidad identificó siete factores que requieren vigilancia desde la perspectiva del control fiscal preventivo y concomitante. Entre ellos se encuentran la insuficiente planeación financiera y presupuestal en contratos de alta cuantía, el crecimiento de la contratación directa, la concentración contractual y posibles debilidades en los mecanismos de control sobre la ejecución de los contratos.

El informe también advierte que adoptar nuevas asignaciones presupuestales, transferencias o compromisos financieros sin una fuente cierta de financiación podría incrementar las presiones sobre la caja del Gobierno Nacional, afectar el equilibrio del Presupuesto General de la Nación, aumentar las necesidades de endeudamiento y generar riesgos para el patrimonio público.

Por ello, la Contraloría instó a que las decisiones presupuestales se adopten bajo criterios de prudencia fiscal, sostenibilidad y planeación, garantizando que el uso de los recursos públicos corresponda a la capacidad real de financiación del Estado.

Desde una perspectiva preventiva, el organismo explicó que la Función de Advertencia busca evitar que los riesgos identificados se traduzcan en pérdidas de recursos públicos, afectaciones al patrimonio estatal o eventuales responsabilidades fiscales y disciplinarias para los ordenadores del gasto.

Finalmente, la Contraloría recordó que su función no se limita a revisar la ejecución de los recursos, sino también a advertir oportunamente sobre situaciones que puedan comprometer la sostenibilidad financiera del Estado. En ese contexto, precisó que la advertencia está dirigida al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda y, por su conducto, a los ordenadores del gasto de las entidades que integran el Gobierno Nacional Central, con el propósito de fortalecer la vigilancia sobre la ejecución presupuestal durante los meses restantes de la actual vigencia fiscal.