Jennifer Pedraza presentó segunda denuncia contra Juliana y Verónica Guerrero por presunto tráfico de influencias y corrupción en contratación pública

La congresista Jennifer Pedraza informó que presentó una segunda denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Juliana Andrea Guerrero Jiménez y Verónica Patricia Guerrero Jiménez, con el propósito de que se investigue su presunta participación en una estructura dedicada a gestionar contratos estatales a cambio de pagos económicos, según los hechos expuestos en una reciente investigación periodística.

De acuerdo con el documento radicado el 27 de julio de 2026 y dirigido a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, la denuncia solicita abrir una investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias de particular, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, enriquecimiento ilícito de particulares y otras conductas que puedan surgir durante el proceso investigativo.

En el escrito, Pedraza sostiene que la denuncia tiene como fundamento la información publicada por la revista Semana, la cual divulgó testimonios, conversaciones de WhatsApp, registros de audio y comprobantes de consignaciones bancarias que, según la publicación, evidenciarían la existencia de una presunta red dedicada a ofrecer intermediación para la adjudicación de contratos públicos a cambio de contraprestaciones económicas.

Según el documento, las hermanas Guerrero Jiménez, quienes no ostentarían cargos públicos, habrían ofrecido a empresarios gestionar la adjudicación de contratos en distintas entidades del Gobierno Nacional, especialmente en los ministerios del Interior y de Vivienda, además de otras entidades estatales.

La denuncia también hace referencia a la presunta exigencia de pagos para adelantar dichas gestiones. Conforme al contenido del escrito, se habrían solicitado recursos para reuniones iniciales, un anticipo cercano a los 200 millones de pesos para comenzar las gestiones y, adicionalmente, un porcentaje equivalente al 10 % del valor de los contratos que eventualmente fueran adjudicados.

Otro de los aspectos incluidos en la denuncia corresponde al presunto recaudo de esos recursos. En el documento se menciona que el dinero habría sido recibido inicialmente por David Trespalacios y posteriormente entregado en efectivo o consignado en cuentas relacionadas con Juliana y Verónica Guerrero. Asimismo, se citan registros de transferencias bancarias divulgados por la investigación periodística.

La congresista también pidió que la Fiscalía investigue la posible participación de David Trespalacios y Wilmer Trespalacios, así como de los empresarios que, de acuerdo con la denuncia, habrían entregado dinero a cambio de la supuesta gestión de contratos públicos. Igualmente, solicitó identificar a los eventuales servidores públicos que pudieron haber recibido beneficios económicos o cuya actuación hubiera sido influenciada de manera indebida.

En el capítulo de peticiones, Pedraza requirió que se practiquen las pruebas correspondientes, que se evalúe la imposición de medidas cautelares sobre bienes de las personas investigadas, en caso de cumplirse los requisitos legales, y que se estudie la procedencia de un proceso de extinción de dominio sobre aquellos bienes cuyo origen o destinación ilícita pueda llegar a demostrarse durante la investigación.

Además, la representante pidió compulsar copias de la denuncia a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que, dentro de sus respectivas competencias, adelanten las actuaciones disciplinarias y fiscales que consideren pertinentes frente a los hechos denunciados.

Esta nueva actuación judicial se suma a las acciones anunciadas por Pedraza tras conocerse las revelaciones periodísticas sobre la presunta red de intermediación en la contratación estatal. Por ahora, corresponde a la Fiscalía General de la Nación determinar si los elementos aportados constituyen mérito suficiente para abrir o ampliar las investigaciones penales y establecer la eventual responsabilidad de las personas mencionadas.

Cabe precisar que la presentación de una denuncia no constituye una declaración de culpabilidad. Las conductas descritas en el documento corresponden a presuntos hechos que deberán ser verificados por las autoridades competentes dentro del debido proceso, garantizando el derecho de defensa y la presunción de inocencia de todas las personas involucradas.