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Congresistas procesados por presuntos acuerdos con la UNGRD no serán detenidos: Corte Suprema

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió no avalar la solicitud de captura presentada contra cinco congresistas procesados por su presunta participación en el caso relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Redacción IFM
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Congresistas procesados por presuntos acuerdos con la UNGRD no serán detenidos: Corte Suprema

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió no avalar la solicitud de captura presentada contra cinco congresistas procesados por su presunta participación en el caso relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El magistrado Misael Rodríguez había propuesto ordenar la detención de Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Liliana Bitar, quienes integraban la Comisión de Crédito Público del Congreso, al considerar que podrían interferir en el proceso desde sus actuales cargos. En la ponencia también se incluía al exrepresentante Juan Diego Muñoz, aunque sobre él no se solicitaba medida de aseguramiento.

La propuesta del magistrado Rodríguez, contenida en un documento de aproximadamente 500 páginas y sustentada en testimonios y elementos probatorios, fue rechazada por la mayoría de integrantes de la Sala. La magistrada Cristina Lombana no participó en la votación por motivos administrativos.

En contraste con lo resuelto anteriormente en los casos de Iván Name y Andrés Calle, para quienes sí se ordenaron medidas de captura, la Corte optó por no acoger esta vez los argumentos que sustentaban la necesidad de privar de la libertad a los cinco legisladores mencionados.

A partir de esta decisión, el magistrado Marco Antonio Rueda Soto asumirá la elaboración de una nueva ponencia, en la que deberá reflejar la posición mayoritaria de la Sala sobre por qué no se adoptó la medida de aseguramiento contra los congresistas investigados.

El proceso está vinculado a presuntas irregularidades en las que habrían condicionado su voto favorable a operaciones de crédito del Gobierno, a cambio de beneficios en forma de contratos adjudicados por la UNGRD.

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