Condenaron a exdirectivos de Chiquita Brands por vínculos con las AUC en Urabá y Magdalena

El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia emitió una sentencia de 11 años y tres meses de prisión contra siete exdirectivos de la empresa Banadex, filial en Colombia de la multinacional Chiquita Brands International.

El fallo los halló responsables del delito de concierto para delinquir agravado, al concluir que financiaron a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante su operación en las regiones del Urabá antioqueño y el departamento de Magdalena.

Los condenados son Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún.

Además de la pena privativa de la libertad, el juzgado impuso una multa de 13.879 millones de pesos, equivalentes a cerca de 3,4 millones de dólares.

La sentencia judicial señaló que los exdirectivos autorizaron la entrega de recursos a las AUC entre los años 1997 y 2004, bajo el entendido de que dichos pagos eran extorsiones y que no representaban un acto punible. El documento también detalló que estas transferencias se realizaron en ocasiones a través de organizaciones de vigilancia privada conocidas como Convivir, las cuales, según el fallo, habían sido permeadas por estructuras paramilitares.

La decisión judicial identificó al exjefe paramilitar Raúl Hasbún, alias “Pedro Bonito”, como el principal enlace entre el Bloque Bananero de las AUC y la empresa. El fallo establece que la financiación era de conocimiento de los altos mandos de Banadex y que fue aprobada por la casa matriz de Chiquita Brands International.

Este pronunciamiento judicial en Colombia se suma a una decisión tomada en junio de 2024 por un jurado federal en Florida, Estados Unidos, que concluyó que Chiquita Brands debía pagar 38,3 millones de dólares a familiares de víctimas del conflicto armado colombiano.

En ese juicio civil, adelantado en una corte de West Palm Beach, el jurado consideró que la multinacional no logró demostrar que los pagos hechos a los grupos armados fueran producto de una amenaza inmediata o inminente.

El dictamen estadounidense también estableció que la asistencia prestada por Chiquita a las AUC incrementó los riesgos de seguridad para la comunidad local, más allá de los peligros que ya enfrentaban en ese contexto.

El fallo reciente señaló además que la ayuda de Chiquita Brands a las AUC constituyó «una actividad peligrosa» que aumentó el riesgo para los miembros de la comunidad más allá de aquellos peligros a los que estuvieron normalmente expuestos.