Comenzó la estrategia jurídica de la defensa del expresidente Álvaro Uribe

Después de que el pasado viernes 1 de agosto la juez Sandra Heredia divulgara la pena de doce años de detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe, el equipo de abogados comenzó la estrategia jurídica de recursos de ley para intentar demostrar la inocencia del exmandatario.

En un primer lugar, se presentó una acción de tutela en contra de la decisión tomada por la juez de solicitar de manera inmediata la detención de Uribe, con el argumento de que, al tener reconocimiento como figura internacional, podría optar por salir del país para no cumplir con su pena.

Para los abogados del expresidente, no hay justificación para la decisión de la detención inmediata, pues Uribe siempre se defendió en libertad y atendió todos los requerimientos de la etapa de juicio.

Diversos expertos en materia jurídica consideran que, como aún hay recursos que se pueden presentar, el expresidente debería estar en libertad hasta que la sentencia quede en firme.

La defensa del expresidente aseguró que la presunción de inocencia sigue incólume, teniendo en cuenta que existen otras instancias judiciales e incluso el recurso de casación para apelar la condena del juzgado de Bogotá.

Para el próximo miércoles 13 de agosto, el abogado Jaime Granados, líder del equipo de defensa del Álvaro Uribe, presentará el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá en contra del fallo proferido, en el que se encontró responsable al expresidente por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

 Serán tres los magistrados que conocerán el recurso de apelación: Manuel Antonio Merchán, ponente del caso y quien ya ha analizado el proceso en otras etapas, y las magistradas Alexandra Ossa y Leonor Oviedo.

Durante el proceso de apelación, los magistrados incluso podrán solicitar pruebas, además que pueden existir recusaciones o impedimentos que podrán ser definidos por los propios togados.

El 16 de octubre es la fecha clave para el proceso. Si no hay un pronunciamiento antes de ese día, se cumpliría el plazo de la prescripción penal, lo que implicaría que cesaría toda acción penal contra el exmandatario.

Sea cual fuere la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el proceso podría llegar a la Corte Suprema de Justicia en un último recurso de casación, lo que aplazaría la prescripción en cinco años más.

También se habla de que la defensa interpondría una tutela contra la decisión judicial que llegaría a ser revisada por la Corte Constitucional, donde se expondría que al expresidente Uribe habría sufrido una vulneración de sus derechos fundamentales en la etapa del juicio.

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