Audiencia contra Nicolás Petro por nuevos cargos será reprogramada para el 10 de noviembre

La diligencia de imputación de cargos en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, quedó aplazada tras la decisión de la Juez Sexta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla.

La audiencia, prevista inicialmente para el 1 de octubre, se reprogramará para la semana del 10 de noviembre, luego de que la defensa del exdiputado solicitara el cambio de fecha alegando la imposibilidad de asistir por compromisos judiciales y médicos.

El aplazamiento fue solicitado formalmente por el abogado Pedro Alejandro Carranza, quien envió una carta al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla indicando que desde el 8 de septiembre había pedido postergar la audiencia. Carranza explicó que el mismo día debía asistir en Bogotá a una audiencia de alegatos de conclusión en el Juzgado 36 Penal Municipal con Función de Conocimiento, en la que actúa como representante del presidente Gustavo Petro, y que fue considerada inaplazable.

Adicionalmente, el penalista señaló que tenía compromisos médicos en horas de la tarde y debía acudir a citaciones ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, programadas para las 2:00 y 2:30 p. m., lo que hacía imposible cumplir con todos los compromisos en la misma jornada. El abogado sostuvo que su ausencia podía generar un escenario de indefensión para Nicolás Petro, por lo que invocó el artículo 157 de la Ley 906 de 2004, que permite el aplazamiento de audiencias por causa justificada.

La juez aceptó los argumentos y recordó que el procesado tiene derecho a contar con su abogado de confianza. “El señor Nicolás Petro tiene derecho a tener un abogado de confianza y no puede ser suplido con un defensor público”, manifestó durante la diligencia. La fiscal del caso, Lucy Marcela Laborde, había solicitado a la Defensoría del Pueblo la asignación de un abogado de oficio, pero la respuesta aún no había sido recibida.

Los cargos que la Fiscalía busca imputar en esta nueva audiencia están relacionados con interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Según la investigación, se habrían utilizado recursos destinados a programas sociales para adultos mayores y niños con discapacidad a través de una fundación, con posibles irregularidades en su manejo.

Nicolás Petro ya enfrenta otro proceso judicial que avanza en etapa preparatoria de juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos. La Fiscalía lo acusa de haber recibido dinero de dudosa procedencia en 2022, que inicialmente estaba destinado a la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero que habría sido utilizado para gastos personales.

En paralelo, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes mantiene abierta una indagación sobre la eventual entrada de dinero ilegal a la campaña presidencial de 2022. El avance de estos procesos mantiene a Nicolás Petro vinculado en varios frentes judiciales.