Ordenan la aprehensión de Evo Morales por bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio

La medida fue expedida por el Ministerio Público y señala que el exmandatario es investigado por terrorismo, alzamiento armado y otros hechos contemplados en el Código Penal boliviano.

De acuerdo con el documento judicial, la orden de captura fue emitida por un fiscal especializado y dispone la aprehensión de Juan Evo Morales Ayma para que comparezca ante las autoridades competentes en el marco del proceso penal abierto en su contra.

El documento también relaciona al exjefe de Estado con los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, atentados contra la seguridad de los transportes, obstaculización de procesos electorales, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, además de otros cargos previstos en la legislación boliviana.

La investigación está relacionada con los bloqueos de carreteras desarrollados entre mayo y junio en diferentes regiones del país. Según la Fiscalía, estas acciones habrían sido promovidas para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, generando interrupciones en la movilidad, el transporte de mercancías y el abastecimiento en varios sectores.

En la orden de aprehensión se establece que Morales deberá ser puesto a disposición de la autoridad competente una vez sea ubicado por los organismos encargados de ejecutar la medida. Asimismo, el documento instruye a la Policía Boliviana adelantar las actuaciones necesarias para cumplir la disposición judicial conforme a los procedimientos establecidos.

La imagen difundida por las autoridades muestra el documento oficial de la orden de aprehensión, identificado con el nombre completo del exmandatario y firmado por el fiscal responsable del caso. En el texto se detallan las normas jurídicas que sustentan la decisión y los delitos que forman parte de la investigación.

La Fiscalía sostiene que la actuación responde al avance de las diligencias desarrolladas dentro del proceso penal y a los elementos recopilados durante la investigación. El Ministerio Público no informó en el documento sobre la fecha en que podría ejecutarse la orden ni sobre posibles audiencias posteriores.

Los bloqueos de carreteras investigados se registraron durante varias semanas y afectaron distintos corredores viales del país. Las autoridades bolivianas señalaron que estas movilizaciones son objeto de análisis dentro de la investigación penal para establecer las responsabilidades correspondientes.

Con la expedición de la orden de aprehensión, el proceso judicial continúa bajo la dirección del Ministerio Público y de las autoridades competentes, quienes deberán adelantar las actuaciones previstas en la legislación boliviana para el desarrollo del caso.