ONU cuestionó la detención de Pedro Castillo y recomendó su liberación

La situación judicial del expresidente peruano Pedro Castillo volvió al centro del debate luego de que un grupo de expertos de Naciones Unidas emitiera un informe en el que calificó de “arbitraria” la detención que mantiene al exmandatario privado de la libertad desde diciembre de 2022.

El pronunciamiento fue realizado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organismo que revisó las circunstancias de la captura, el proceso judicial y las garantías otorgadas durante el trámite contra quien gobernó Perú entre 2021 y 2022.

Castillo fue detenido el 7 de diciembre de 2022, después de pronunciar un mensaje en el que anunció la disolución temporal del Congreso, la instauración de un gobierno por decretos y una reorganización del sistema de justicia. La decisión fue rechazada por las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado, y horas después el Congreso aprobó su destitución.

Tras su salida del poder, el exjefe de Estado fue detenido cuando se dirigía hacia la Embajada de México en Lima. Desde ese momento permaneció recluido mientras avanzaba el proceso judicial relacionado con los hechos ocurridos durante esa jornada.

En su análisis, el Grupo de Trabajo de la ONU afirmó que la privación de la libertad no habría contado con una base legal suficiente. Señaló que la detención se realizó antes de que se completara el procedimiento de levantamiento del antejuicio político que, según los expertos, correspondía a un presidente en ejercicio.

El organismo internacional también manifestó reparos sobre la participación del Ministerio Público peruano en la orden de captura, al considerar que esa entidad no tendría las características de una autoridad judicial independiente para disponer la medida.

Dentro de sus observaciones, Naciones Unidas mencionó además aspectos relacionados con el derecho a la defensa. El informe indicó que Castillo no habría podido acceder de manera inmediata a un abogado elegido por él y que las condiciones iniciales del proceso habrían limitado la preparación adecuada de su defensa.

Con base en estas conclusiones, el Grupo de Trabajo recomendó al Gobierno peruano tomar medidas para corregir la situación, entre ellas la liberación inmediata del expresidente, así como garantizar mecanismos de reparación conforme al derecho internacional.

Sin embargo, la recomendación emitida por Naciones Unidas no tiene carácter obligatorio y no modifica por sí misma las decisiones adoptadas por la justicia peruana; cualquier cambio en la situación de Castillo dependerá de las autoridades competentes del país.

El exmandatario continúa enfrentando las consecuencias judiciales derivadas de los acontecimientos de diciembre de 2022. En diversos espacios, su defensa ha cuestionado la condena impuesta por conspiración para la rebelión y ha argumentado que las acciones anunciadas no llegaron a ejecutarse debido a que las Fuerzas Armadas no respaldaron sus decisiones.

El informe del organismo internacional generó nuevas discusiones en Perú sobre el proceso judicial de Castillo y sobre las garantías que deben aplicarse en casos relacionados con altos funcionarios del Estado.

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