Izquierda proFarc y afín al Petrismo en España, solicita al gobierno negar credenciales a embajador colombiano

Enrique Santiago, secretario general de Izquierda Unida y figura cercana al expresidente Gustavo Petro, ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez en España a no otorgar el plácet al nuevo embajador de Colombia, Carlos Felipe Mejía. La solicitud se fundamenta en la trayectoria política de Mejía, a quien Santiago califica de “enemigo de la paz” y defensor de posturas de “extrema derecha”, generando un debate sobre la representación diplomática de Colombia en el país europeo.

La petición de la izquierda española

Enrique Santiago, quien fuera asesor y persona cercana al expresidente Gustavo Petro, y que actualmente se desempeña como secretario general de Izquierda Unida (IU) en España, ha elevado una solicitud formal al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y al Ministerio de Asuntos Exteriores. IU, como parte de la coalición gubernamental junto con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha pedido explícitamente que no se conceda el “plácet” al nuevo embajador de Colombia en España, Carlos Felipe Mejía, cuya designación fue propuesta por Abelardo de la Espriella.

La petición de Santiago ha encontrado eco en diversos medios de comunicación de línea editorial socialista en España. Estos han destacado que el portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar en el Congreso ha instado al Ejecutivo a evaluar la posibilidad de no otorgar el beneplácito al diplomático colombiano. La principal objeción se centra en la figura de Carlos Felipe Mejía, a quien Santiago describe como un “enemigo de la paz” y un promotor de posiciones de “extrema derecha”.

Argumentos contra la designación

La solicitud de Enrique Santiago se ha formalizado a través de una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno español. En estas iniciativas, el diputado expresa su rotunda oposición a que el exsenador colombiano asuma la Embajada, a pesar de haber sido propuesto por el presidente del país, Abelardo de la Espriella.

Entre los argumentos esgrimidos, Santiago acusa a Carlos Felipe Mejía de ser un “destacado opositor al fin de los conflictos armados”. De manera particular, se le señala por su postura contraria al Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el entonces Gobierno colombiano y las FARC, un proceso en el que el propio Enrique Santiago participó activamente como mediador internacional.

El dirigente de Izquierda Unida enfatiza que las “posiciones de extrema derecha y su trayectoria contra el proceso de paz y la reconciliación” de Mejía son de especial relevancia. Esto se debe al papel fundamental que España ha desempeñado y continúa desempeñando en el acompañamiento internacional al proceso de paz colombiano, lo que, según Santiago, hace incompatible su designación con los principios de la diplomacia española en la materia.

Adicionalmente, se recuerda que el Gobierno español ha reafirmado recientemente su compromiso con la “paz y la estabilidad” en Colombia. Este compromiso fue hecho público en abril por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, lo que, para Santiago, refuerza la necesidad de una coherencia en la representación diplomática.

Inquietud en la comunidad colombiana y revisión del perfil

Medios de tendencia comunista en España han reportado que el diputado Enrique Santiago ha manifestado tener conocimiento de inquietudes dentro de la comunidad colombiana residente en España respecto a la designación de Carlos Felipe Mejía. Entre estas preocupaciones, se cita una iniciativa pública que demanda al Gobierno español la revisión de este nombramiento y que se considere de manera específica la “trayectoria pública del candidato”.

En este contexto, y basándose en argumentos que, según los reportes, se acomodan a disposiciones de la Unión Europea, el dirigente de Izquierda Unida ha interpelado al Ejecutivo español. Santiago pregunta si el Gobierno tiene la intención de evaluar detalladamente el perfil de Carlos Felipe Mejía antes de concederle el beneplácito como embajador de Colombia y si contempla la opción de rechazar su acreditación, lo que podría generar un precedente en las relaciones diplomáticas bilaterales.