Estados Unidos autorizó nuevas transacciones con PDVSA bajo condiciones y mantiene restricciones sobre Venezuela

Un nuevo movimiento de Estados Unidos frente a las sanciones que pesan sobre Venezuela se estableció en la Licencia General No. 52C, expedida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. El documento autoriza determinadas transacciones relacionadas con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), aunque bajo condiciones específicas y sin levantar de manera general el régimen de sanciones que afecta al Gobierno venezolano y a la empresa estatal.

La disposición establece que, salvo las excepciones contempladas en el propio documento, determinadas operaciones que estaban prohibidas por las órdenes ejecutivas 13884 y 13850, y que involucren a PDVSA o a entidades en las que la petrolera tenga, directa o indirectamente, una participación del 50% o más, podrán ser realizadas por entidades estadounidenses establecidas.

El alcance de la autorización está condicionado, entre otros aspectos, a la forma en que se establezcan los contratos y se gestionen los eventuales pagos derivados de estas operaciones.

Uno de los requisitos incluidos en la licencia señala que los contratos celebrados con PDVSA o con entidades vinculadas deberán establecer que los procedimientos de resolución de controversias relacionados con esos acuerdos se desarrollen en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur.

El documento también establece una condición específica para los pagos monetarios dirigidos a personas bloqueadas por las sanciones estadounidenses. De acuerdo con la licencia, esos pagos, con excepción de aquellos correspondientes a impuestos, permisos o tarifas locales, deberán realizarse en los Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero señalados en la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026, o en otra cuenta que determine el Departamento del Tesoro de EE. UU.

La disposición también contempla operaciones necesarias para las actividades autorizadas y señala que determinadas transacciones con el Gobierno de Venezuela, que de otra manera estarían prohibidas por la Orden Ejecutiva 13884, podrán efectuarse cuando sean necesarias para las operaciones permitidas por la licencia, siempre que se cumplan las condiciones relacionadas con los pagos.

Otro de los elementos relevantes se relaciona con los funcionarios, empleados o representantes autorizados de PDVSA que se encuentren bloqueados bajo las regulaciones de sanciones venezolanas. La licencia permite determinadas operaciones que sean ordinarias y necesarias para la ejecución y firma de contratos, acuerdos u otros documentos vinculados a las transacciones autorizadas.

Sin embargo, la medida no representa una autorización general para todas las operaciones relacionadas con Venezuela o PDVSA. El propio documento incorpora una sección de actividades que permanecen excluidas de la licencia.

Entre ellas, se encuentran transacciones que continuarían prohibidas por las Regulaciones de Sanciones de Venezuela (VSR), incluyendo determinadas operaciones relacionadas con bonos y otras obligaciones de deuda del Gobierno de Venezuela o de PDVSA.

El documento menciona específicamente transacciones relacionadas con bonos y deuda, incluidas aquellas destinadas a su liquidación. También mantiene restricciones establecidas en la Orden Ejecutiva 13835, que abarcan operaciones vinculadas a la venta, transferencia, cesión o utilización como garantía de participaciones de capital del Gobierno de Venezuela en PDVSA, entidades de PDVSA u otras compañías en las que el Gobierno venezolano tenga una participación igual o superior al 50%.

La Licencia General 52C, por tanto, introduce una flexibilización delimitada dentro del régimen de sanciones, pero conserva barreras importantes frente a operaciones financieras y patrimoniales consideradas sensibles por Washington.

El documento también precisa qué entiende por una entidad estadounidense establecida para efectos de esta autorización. La definición comprende entidades organizadas bajo las leyes de Estados Unidos o de cualquier jurisdicción dentro de EE. UU. en o antes del 29 de enero de 2025.