El Gobierno argentino llevó la disputa por el petróleo de Malvinas a nuevas instancias internacionales

La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente Javier Milei, que informó que la Cancillería y los equipos jurídicos del Estado iniciarán un procedimiento de arbitraje internacional con el objetivo de impedir el desarrollo del proyecto petrolero denominado Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

De acuerdo con el comunicado oficial, el procedimiento se sustentará en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El Gobierno argentino también estableció un plazo de dos semanas para que el Reino Unido adopte medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas que Buenos Aires considera contrarias a sus derechos sobre la plataforma continental.

La advertencia contempla una segunda instancia. Si Londres no atiende el requerimiento dentro del plazo establecido, Argentina informó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales destinadas a preservar los derechos que el país sostiene sobre la plataforma continental.

La decisión se inscribe en la prolongada controversia de soberanía entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El Gobierno argentino fundamentó su posición en distintas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entre ellas se encuentra la Resolución 2065 (XX), que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países y llamó a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones. También citó la Resolución 31/49, adoptada en 1976, que pidió a las partes abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras continuara el proceso recomendado por Naciones Unidas.

La cuestión de los hidrocarburos no es nueva dentro de la disputa bilateral. La Cancillería argentina señala que ambos países mantuvieron en 1995 una declaración conjunta sobre cooperación en actividades costa afuera en el Atlántico sudoccidental. Sin embargo, las diferencias sobre el alcance geográfico del acuerdo llevaron posteriormente a que Argentina lo diera por terminado en 2007, después de años de desacuerdos sobre las actividades unilaterales británicas en la zona disputada.

Desde entonces, la exploración y explotación de recursos naturales en el área constituye uno de los puntos recurrentes de las objeciones formuladas por Buenos Aires.

El nuevo anuncio tiene como uno de sus principales objetivos el proyecto Sea Lion, vinculado a la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

Según el comunicado presidencial, Argentina busca impedir que se avance con la explotación de los recursos hidrocarburíferos y que se otorguen nuevos permisos relacionados con los recursos naturales de la plataforma continental cuya soberanía reclama el país. La posición oficial argentina sostiene que las actividades unilaterales sobre los recursos naturales de la zona son incompatibles con el marco jurídico internacional que, según Buenos Aires, debe regir mientras permanece abierta la disputa de soberanía.

El Reino Unido mantiene una posición diferente respecto de la cuestión. En documentos presentados ante Naciones Unidas, el Gobierno británico ha sostenido que las actividades de exploración de hidrocarburos en aguas de las islas no constituyen acciones unilaterales contrarias a la Resolución 31/49 y ha señalado que las decisiones sobre estas actividades corresponden a las autoridades de las islas.

Por tanto, el anuncio argentino se produce en un escenario en el que las dos partes mantienen posiciones jurídicas y políticas contrapuestas sobre la soberanía y sobre las actividades económicas desarrolladas en el área.

El procedimiento anunciado por Argentina se encuadra en el mecanismo de solución de controversias previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El Anexo VII contempla la constitución de un tribunal arbitral para determinadas controversias relacionadas con la Convención.

La estrategia comunicada por Buenos Aires no se limita al inicio del arbitraje. El Gobierno también dejó planteada la posibilidad de acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar mientras se desarrolla el proceso arbitral.

El propio Tribunal Internacional del Derecho del Mar contempla la posibilidad de adoptar medidas provisionales en determinadas circunstancias mientras se constituye un tribunal arbitral conforme al Anexo VII. Según la información oficial del organismo, el artículo 290, párrafo 5, de la Convención permite solicitar este tipo de medidas cuando existe un procedimiento arbitral en curso y se cumplen las condiciones establecidas por la Convención.

Existen antecedentes en los que Estados solicitaron este tipo de medidas ante el Tribunal mientras se constituía un tribunal arbitral. Entre ellos figuran casos relacionados con controversias entre Malasia y Singapur, así como entre Irlanda y Reino Unido.

Esto significa que el anuncio argentino contempla distintas etapas jurídicas: el inicio del procedimiento arbitral, el requerimiento al Reino Unido y, en caso de que no se atienda ese planteamiento, una eventual solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Uno de los elementos centrales del comunicado es la intimación formal enviada al Reino Unido. Argentina fijó un plazo de dos semanas para que Londres adopte medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de las actividades de explotación de hidrocarburos en la plataforma continental que Buenos Aires considera bajo su soberanía.

El Gobierno argentino indicó que, vencido ese período sin que Reino Unido cumpla con el requerimiento, solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar sus derechos soberanos.

La medida eleva el nivel de las acciones jurídicas que Argentina viene anunciando durante septiembre en relación con las actividades hidrocarburíferas vinculadas con Malvinas.

La decisión anunciada este 28 de septiembre. La Resolución 31/49, en particular, exhortó a ambos países a evitar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación se suma a otras actuaciones adoptadas por el Gobierno argentino durante las últimas semanas.

El 4 de septiembre, la administración de Milei comunicó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por presuntas infracciones a las prohibiciones previstas en la Ley 26.659, relacionadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas.

Cuatro días después, el Gobierno informó la apertura de procedimientos contra otros 15 sujetos, ampliando el número de personas físicas y jurídicas alcanzadas por esas actuaciones administrativas.

También se anunciaron denuncias penales contra empresas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno argentino señaló entonces que las acciones incluían a compañías, accionistas y personas que hubieran intervenido en las decisiones relacionadas con esas operaciones.

La administración argentina ha acompañado las acciones judiciales y administrativas con nuevas medidas institucionales. En septiembre, el Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que contempla cambios en el régimen sancionatorio para actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales y propone mecanismos de coordinación entre organismos estatales.

También anunció la creación de un Sistema de Articulación de la Política Exterior dentro de la Cancillería, destinado a coordinar las actuaciones estatales que puedan afectar la política exterior y los intereses internacionales del país, incluyendo las relacionadas con la cuestión Malvinas.

De esta manera, la ofensiva anunciada este lunes forma parte de una serie de medidas que durante septiembre han combinado actuaciones administrativas, denuncias judiciales, iniciativas legislativas y gestiones diplomáticas.

El comunicado presidencial incorporó además otro episodio relacionado con las islas. Según la Oficina del Presidente, el Gobierno detectó operaciones realizadas por THALES UK LIMITED en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas.

Ante esta situación, Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales, además de realizar las gestiones diplomáticas correspondientes, según informó oficialmente la Presidencia.

El episodio amplía el alcance de las medidas anunciadas, que ya no se concentran exclusivamente en las actividades hidrocarburíferas, sino también en otras operaciones vinculadas con los espacios que Argentina considera parte de su jurisdicción.

La controversia por las Malvinas permanece como una disputa internacional de larga duración. Naciones Unidas ha mantenido en sus resoluciones el llamado a Argentina y Reino Unido para que busquen una solución pacífica mediante negociaciones. La Resolución 31/49, en particular, exhortó a ambos países a evitar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación.

En este contexto, el Gobierno de Milei decidió llevar nuevamente al plano internacional el conflicto por la explotación de hidrocarburos, con un procedimiento arbitral y una eventual solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Por ahora, Buenos Aires sostiene que utilizará las vías diplomáticas, administrativas y jurídicas disponibles para defender la posición argentina sobre la soberanía y los recursos naturales vinculados con las islas

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué acción internacional inició el Gobierno argentino?

El Gobierno de Javier Milei anunció el inicio de un arbitraje internacional con el objetivo de impedir el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

¿Por qué Argentina busca detener estas actividades petroleras?

Argentina considera que estas actividades son contrarias a sus derechos sobre la plataforma continental y a resoluciones de la ONU que instan a no realizar modificaciones unilaterales en la disputa de soberanía.

¿Qué plazo dio Argentina al Reino Unido y qué pasaría si no lo cumple?

Argentina dio un plazo de dos semanas al Reino Unido para detener las actividades hidrocarburíferas. Si no se atiende el requerimiento, solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.