Delcy Rodríguez denunció supuestos intentos de perturbación por parte de EE.UU y Europa 

La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la existencia de planes coordinados desde Estados Unidos y Europa para interferir en la implementación de la reciente Ley de Amnistía y en el Programa de Convivencia Nacional. 

Según Rodríguez, dichos planes buscaban perturbar el proceso de reconciliación política y social en el país, y estaban siendo promovidos por sectores que interpretaban de manera “incorrecta” los alcances de la normativa.

Durante un acto celebrado en el Palacio de Miraflores con víctimas de violencia política, la mandataria dijo que algunos actores desde hoteles de lujo en el extranjero pretendían descarrilar el proceso. “Hay quienes están midiendo este proceso desde la derrota política partidista y buscan generar desestabilización”, afirmó y por otro lado, dijo que en el momento oportuno, revelaría la identidad de las personas y grupos implicados, en un intento de hacer pública la amenaza a la paz social.

Aunque no identificó directamente a líderes específicos, se sabe que entre los sectores situados en Estados Unidos y Europa se encuentran opositores como María Corina Machado y Edmundo González, la presidente encargada insistió en que estas acciones externas intentaban pertirbar la “tranquilidad” del país y generar confusión sobre el alcance de la amnistía.

Rodríguez recordó que asumió la Presidencia encargada el 5 de enero ante el Parlamento, presidido por su hermano, Jorge Rodríguez, apenas dos días después de que las autoridades estadounidenses retuvieran al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas. 

La mandataria encargada describió ese hecho como un momento crítico de su país que impulsó un cambio político interno, que, declaró estuvo orientado en la revisión de los casos de detenidos por motivos políticos y la implementación de la Ley de Amnistía que fue aprobada el 19 de febrero por la Asamblea Nacional de Venezuela y promulgada de inmediato, marcando el inicio de un programa de liberaciones y reconciliación.

Según el diputado chavista Jorge Arreaza, encargado de supervisar la aplicación de la norma, 2.021 personas con medidas cautelares y 177 presos fueron beneficiadas, en este sentido, entre el 8 de enero y el 22 de febrero, la ONG Foro Penal ha verificado 464 excarcelaciones en todo el país, incluidas 65 posteriores a la aprobación de la ley. 

La organización aclaró que algunas liberaciones se realizaron bajo condiciones restrictivas, como la obligación de presentarse periódicamente ante tribunales o la prohibición de salir del país.

Pese a estas medidas, Foro Penal advirtió hace poco que alrededor de 400 presos políticos podrían haber quedado excluidos de la amnistía y que más de 600 personas continuaban encarceladas por motivos políticos, mientras el Gobierno negaba la existencia de presos de conciencia, asegurando que todos habían cometido delitos.