El activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, hizo pública una carta en la que solicitó el respaldo de organismos internacionales de derechos humanos, entidades defensoras de la libertad de expresión y autoridades de distintos países frente a su situación judicial y migratoria en Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, Coral afirmó que "la libertad de expresión, la democracia y el debido proceso no pueden tener doble rasero" e hizo un llamado a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y al presidente Gustavo Petro para que, según expresó, no guardaran silencio frente a su caso.

En la carta, dirigida a varias personas donde se incluyó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio y al senador Bernie Moreno, Coral rechazó que fuera presentado como un inmigrante en condición irregular.

Sobre el tema, aseguró que ingresó legalmente a Estados Unidos, donde solicitó asilo político dentro de los plazos establecidos por la ley y que durante más de diez años contó con autorización de trabajo, número de Seguro Social y licencia de conducción expedidos por las autoridades estadounidenses.

También indicó que nunca había sido funcionario, contratista o agente del Estado colombiano y señaló que el único vínculo de su familia con el Estado fue el de su padre, un oficial de la Policía Nacional que recordó participó en operaciones contra el narcotráfico y murió en cumplimiento de su deber.

En la carta pública, Coral sostuvo que su actividad ha estado orientada a la defensa de la democracia, la paz y los derechos civiles en Colombia, por lo cual, pidió que su situación fuera analizada bajo los principios de libertad de expresión y debido proceso.

El activista aseguró que llevaba cerca de dos semanas detenido por el Gobierno de Estados Unidos y que durante varios días permaneció en una celda de aislamiento. Según relató, las autoridades justificaron esa medida al considerar que representaba un riesgo para sí mismo, afirmación que rechazó al sostener que nunca ha manifestado intenciones de atentar contra su integridad.

Asimismo, denunció que durante su detención no tuvo acceso permanente a agua potable, permaneció incomunicado por varios períodos y fue trasladado por diferentes estados del país bajo condiciones que calificó como inhumanas.

También denunció que, durante los primeros días de reclusión, fue golpeado y que hasta ese momento no le habían explicado formalmente las razones de su detención ni le habían leído sus derechos.

Coral manifestó además que encontró insuficiente la reacción de la comunidad internacional frente a su situación y expresó que la difusión del caso por parte de los medios de comunicación y la presión de la opinión pública podrían contribuir a que las autoridades estadounidenses revisaran su proceso.

Aunque ya se cumplen casi dos meses de la detención, calificada como “arbitraria” por personas afines al Gobierno Petro, poco se sabía sobre el estado de Coral y el desenlace de su proceso.

No obstante, tal y como lo denunció el mismo presidente, quien insinuó presunta persecución política, días atrás el destacado periódico The New York Times reveló la existencia de un memorando firmado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el que se argumentó que la permanencia de Coral en ese país presuntamente afectaba los intereses de la política exterior estadounidense.

De acuerdo con la información publicada por el diario, el documento señaló que Coral ingresó a Estados Unidos en 2015 con visa de turista y mantenía una solicitud de asilo pendiente.

El memorando, como se afirmó desde el medio estadounidense, sostuvo que el activista desarrolló actividades políticas relacionadas con el Gobierno colombiano y participó en campañas críticas contra el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella (sic), circunstancias que, según el Departamento de Estado, justificaban recomendar su deportación.

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