Acuerdo binacional Colombia y Chile, impulsa la movilidad laboral y el reconocimiento de competencias

Colombia y Chile han formalizado un acuerdo histórico que permitirá el reconocimiento mutuo de competencias laborales certificadas, abriendo así nuevas oportunidades para la movilidad y el empleo formal entre ambas naciones. Este pacto, que busca potenciar el talento colombiano en el ámbito internacional, fue anunciado por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien enfatizó que “el talento de los colombianos no tiene fronteras”.

El convenio facilitará que profesionales y técnicos con certificaciones laborales obtengan el reconocimiento de sus habilidades en Chile, y viceversa. Esta medida representa una expansión significativa de las oportunidades laborales y una mayor integración económica a nivel regional, fortaleciendo los lazos bilaterales.

Sectores clave y el rol del SENA en la certificación

En su fase inicial, el acuerdo abarcará 26 perfiles laborales específicos, seleccionados por su relevancia en sectores estratégicos para ambas economías. Entre las áreas beneficiadas se encuentran la gastronomía, la hotelería, el cuidado de personas, la construcción, la logística, la energía y la movilidad eléctrica. Esta focalización estratégica busca responder de manera efectiva a las demandas del mercado laboral en Colombia y Chile, asegurando que el reconocimiento de competencias sea pertinente y genere un impacto positivo directo.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) desempeñará un papel fundamental en la implementación de este proceso. El presidente De la Espriella informó que, desde el 21 de septiembre hasta el 30 de noviembre, el SENA ofrecerá un proceso gratuito para la certificación de competencias. Esta iniciativa permitirá a los ciudadanos que aún no posean sus competencias certificadas obtenerlas durante este periodo, facilitando su acceso a los beneficios derivados del acuerdo binacional.

El jefe de Estado destacó que esta acción se enmarca dentro de una “diplomacia de las capacidades”, cuyo propósito es permitir que el conocimiento, la experiencia y el talento de los colombianos trasciendan las fronteras de manera legal y formal. Reconocer el valor de la mano de obra nacional es, según De la Espriella, un paso indispensable para fomentar el empleo, el emprendimiento, la productividad y, en última instancia, el progreso general del país.

Hacia una normativa unificada del estatuto del trabajo

Paralelamente a este acuerdo internacional, el Ministerio del Trabajo de Colombia ha presentado ante el Congreso de la República un proyecto de Estatuto del Trabajo. Esta ambiciosa iniciativa tiene como objetivo consolidar en una única norma todas las regulaciones laborales del país, cumpliendo así con el mandato establecido por la Constitución Política de 1991, que exigía la definición de principios mínimos para las relaciones laborales.

La propuesta gubernamental busca integrar diversas disposiciones que actualmente se encuentran dispersas en el Código Sustantivo del Trabajo de 1950, en reformas posteriores y en múltiples fallos judiciales. El Ejecutivo argumenta que esta fragmentación dificulta tanto a trabajadores como a empleadores la identificación precisa de sus derechos y obligaciones, generando incertidumbre y complejidades innecesarias en el ámbito laboral colombiano.

La ministra Natalia López resaltó que la creación de este estatuto responde a una obligación constitucional que ha permanecido postergada por más de tres décadas. “Cualquier colombiano debe poder saber cuáles son sus derechos laborales y cualquier empresario debe conocer con claridad las reglas para contratar y generar empleo”, afirmó la ministra, enfatizando la necesidad imperante de claridad y transparencia en el marco legal que rige el trabajo.

Claridad y protección para nuevos modelos laborales

Según la ministra López, el nuevo Estatuto ofrecerá una referencia unificada y clara para la regulación de la contratación y la resolución de controversias laborales. La medida incluirá normativas específicas para el trabajo rural, el servicio doméstico, las plataformas digitales y las actividades de trabajadores independientes, modalidades que, a juicio del Gobierno, no están suficientemente contempladas ni protegidas por la legislación vigente.

López argumentó que estos sectores agrupan a millones de personas y requieren reglas expresas y claras para garantizar plenamente sus derechos y deberes. “El trabajo rural, el trabajo doméstico, las plataformas digitales y el trabajo por cuenta propia son realidades de millones de colombianos y deben tener un reconocimiento claro”, señaló la funcionaria.

El Gobierno estima que esta reforma impactará directamente a diez millones de trabajadores formales en el país. Entre sus objetivos principales se encuentran proporcionar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a las micro, pequeñas y medianas empresas para la creación de puestos de trabajo registrados, así como reducir las dudas y ambigüedades derivadas de interpretaciones normativas distribuidas en distintos instrumentos legales.

La elaboración del proyecto contó con la participación de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo que, según la ministra López, permitió incorporar la experiencia judicial y abordar problemas recurrentes en la aplicación cotidiana de las normas. El debate legislativo de este Estatuto se desarrollará en un contexto donde la informalidad laboral en Colombia alcanzó el 54,5% en el trimestre de abril a junio de 2026, según datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Para convertirse en ley de la República, la iniciativa deberá superar cuatro debates obligatorios en el Congreso.