Arranca en el Congreso el primer debate de la ley de sometimiento: el Gobierno De La Espriella busca aprobarla antes del 4 de noviembre

El Gobierno pidió tramitar la iniciativa con mensaje de urgencia, una figura prevista en el artículo 163 de la Constitución que permite que las comisiones de ambas cámaras discutan juntas el primer debate y acorta los tiempos de decisión. Superada esta etapa, el texto deberá pasar a las plenarias del Senado y de la Cámara.

La ponencia positiva, firmada por congresistas de partidos como el Centro Democrático, el Liberal, Cambio Radical, el Conservador, La U, MIRA y Alianza Verde, es coordinada por los senadores Hernán Cadavid y Fabio Raúl Amín y por los representantes Eimy Julieth Suárez y Daniel Briceño. El ministro Cancino sostuvo que la ponencia llega con modificaciones menores y con solidez jurídica.

El articulado pasó de 22 a 28 artículos, en buena parte por una reorganización del contenido. Entre los ajustes de fondo están:

• Verificación de listas: cada grupo debe entregar al Ministerio de Justicia una lista firmada de sus integrantes. Mientras el texto inicial la aceptaba de buena fe, la ponencia exige que ningún nombre quede admitido hasta ser verificado por la Fuerza Pública y la Fiscalía.

• Beneficios restringidos para los jefes: el concepto de "rol de liderazgo" se reemplazó por "rol de mando", en línea con el Código Penal y el Derecho Internacional Humanitario. Solo los integrantes de base sin funciones de mando podrán acumular beneficios penales. Para los cabecillas se mantiene un mínimo de diez años de prisión.

• Contratación transparente: la ponencia limita los contratos con reserva del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) a proyectos de la Fuerza Pública y obliga a cumplir el Estatuto General de Contratación.

• Rendición de cuentas: el Ministerio de Justicia deberá entregar al Congreso un informe público anual sobre los avances y dificultades de la ley.

El proyecto no reconoce estatus político a los grupos ni abre negociaciones de paz. No se suspenden órdenes de captura ni extradiciones, y quienes ya estén capturados antes de la entrada en vigencia no podrán acogerse. "No se suspenden órdenes de captura, no hay lugares de retención especiales", afirmó

La ruta colectiva tiene dos fases: una administrativa, a cargo del Gobierno, que incluye la recepción de la solicitud, una hoja de ruta y la verificación de compromisos; y una judicial, ante los jueces. Las rebajas de pena dependerán de aportes verificables a la verdad, la reparación de las víctimas y el desmantelamiento de las estructuras, incluida información sobre bienes ilícitos y nexos con la corrupción.

Para el ponente Daniel Briceño, el texto es "clave para el desmonte real de la política de paz del gobierno anterior". El senador conservador Santiago Barreto, aunque respalda la iniciativa, pidió evitar "incentivos perversos" en las delaciones que puedan salpicar a terceros en el ámbito político. El Pacto Histórico y sectores de Alianza Verde anunciaron que no apoyarán el proyecto, al considerar que cierra la puerta a la negociación política y endurece las penas sin garantías de no repetición.

Paralelamente, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que el estatuto antiterrorista, el complemento de esta ley, ya pasó a revisión de la Dirección Jurídica de la Presidencia y espera radicarlo la próxima semana. A quienes no se acojan, advirtió, "les va a caer todo el peso de la ley".

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste el proyecto de ley de sometimiento que inició debate en el Congreso?

Es una iniciativa del Ministerio de Justicia que busca crear una ruta judicial para que integrantes de estructuras criminales se entreguen sin negociación política, cumpliendo penas efectivas de al menos diez años para los cabecillas.

¿Cuáles son los principales ajustes que incluye la ponencia actual?

Se exige que la Fuerza Pública y la Fiscalía verifiquen las listas de integrantes, se restringen los beneficios penales para quienes tengan roles de mando y se obliga a la transparencia en la contratación de proyectos de seguridad.

¿Qué condiciones deben cumplir los grupos criminales para acceder a los beneficios?

Deben realizar aportes verificables a la verdad, reparar a las víctimas y entregar información para el desmantelamiento de sus estructuras, incluyendo bienes ilícitos y nexos con la corrupción.