Gobierno radicó la Ley de Sometimiento: rebajas de hasta un 50 % para quienes dejen las armas y colaboren con la justicia

El proyecto, de 22 artículos y 17 páginas, fue entregado en la Secretaría General de la Cámara. El Gobierno lo presenta como la alternativa a la política de "paz total" de la administración de Gustavo Petro, la cual privilegió las mesas de diálogo con distintas organizaciones armadas. Lara, quien lo denominó "proyecto de ley de acogimiento", explicó que la propuesta "busca crear un marco normativo que permita a personas y estructuras el sometimiento a la ley", sin que se les reconozca estatus político.

El artículo 3 define de manera amplia a los actores armados ilegales o terroristas, por lo que, en la práctica, todos los grupos armados quedarían cobijados por esa categoría. El Consejo de Seguridad Nacional asesoraría al presidente en la calificación de cada organización.

La ruta jurídica estará a cargo del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, entidades que crearían una Unidad Especializada para la Investigación y Judicialización de los Actores Armados. De acuerdo con Cancino, el sometimiento exigirá la firma de los abogados que representen a las estructuras ilegales, y el proceso incluirá compromisos en la búsqueda de personas desaparecidas.

El texto modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, que es la base legal sobre la cual el Estado puede adelantar acercamientos y procesos con grupos armados. Lara indicó que la iniciativa se integrará a esa ley, cuyo trámite debe concluir antes del 5 de noviembre. El proyecto también crea una "Intervención Territorial Integral", con acciones civiles, sociales, económicas, de seguridad y de justicia para mantener la presencia del Estado en las zonas afectadas y sustituir las economías ilícitas.

Los integrantes de las organizaciones que se sometan podrían obtener una reducción de hasta la mitad de la pena acumulada, siempre que hagan aportes verificables a la verdad, a la reparación de las víctimas y al desmantelamiento de las estructuras. Para los cabecillas, la rebaja máxima sería del 30 % y la condena no podría ser inferior a diez años.

Las penas se cumplirían en centros de arraigo transitorios, colonias agrícolas y cárceles productivas. La libertad condicional, es decir, la salida anticipada de prisión bajo supervisión, procedería tras cumplir las cuatro quintas partes de la condena, contando con un informe del centro de reclusión y de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), además del concepto favorable de la víctima. Quienes ayuden a encontrar personas desaparecidas podrían acceder a ese beneficio con dos quintas partes de la pena cumplida.

Además, se suspendería la ejecución de la pena, un año después de impuesta, a quienes no sean cabecillas y solo hayan sido condenados por delitos como concierto para delinquir, porte ilegal de armas o uso ilegal de uniformes. La medida se extendería a condenados únicamente por lavado de activos, testaferrato o enriquecimiento ilícito que entreguen los bienes obtenidos. También habría descuentos de un día de condena por cada dos de trabajo, y de un día por cada jornada en programas restaurativos, desminado o erradicación de cultivos ilícitos.

Con el mensaje de urgencia, las comisiones primeras de Senado y Cámara deberán estudiar el texto de manera conjunta. La discusión arrancará en la Comisión Primera del Senado, presidida por Enrique Gómez Martínez, del partido Salvación Nacional.

El Gobierno describe esta ley como la "zanahoria" de su política de seguridad. El "garrote" será el estatuto antiterrorista, que pasará este jueves por el Consejo de Política Criminal antes de ser radicado en el Congreso. Según El Heraldo, las organizaciones que se acojan a la Ley de Sometimiento podrían salir de la lista de grupos terroristas prevista en ese estatuto.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste el proyecto de Ley de Sometimiento radicado por el Gobierno?

Es una propuesta normativa que busca el desmantelamiento de grupos armados ilegales sin otorgarles estatus político, ofreciendo beneficios jurídicos a cambio de colaboración.

¿Cuáles son los principales beneficios para quienes se acojan a esta ley?

Los integrantes podrían recibir rebajas de hasta el 50 % en sus penas si aportan a la verdad y reparación, mientras que para cabecillas la reducción máxima será del 30 % con una condena mínima de diez años.

¿Qué compromisos deben cumplir los grupos armados para acceder a las rebajas?

Deben realizar aportes verificables al desmantelamiento de sus estructuras, reparar a las víctimas y comprometerse con la búsqueda de personas desaparecidas.