Gobierno declaró las telecomunicaciones activo estratégico y ubicó un equipo permanente de MinDefensa dentro del MinTIC
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella declaró las telecomunicaciones como un activo estratégico de la Nación y ordenó reinstalar, de manera permanente, un equipo especializado del Ministerio de Defensa en la sede del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), con acceso a información reservada, para proteger antenas, redes de fibra óptica, centros de datos y cables submarinos frente a ataques físicos y digitales.
El Gobierno colombiano anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad de la infraestructura de telecomunicaciones, que será tratada como un activo estratégico de la Nación. La decisión fue comunicada conjuntamente por los ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y de Defensa, encabezados por Alexandra Falla Zerrate y el general Jorge Eduardo Mora López, respectivamente.
La iniciativa busca proteger las redes que permiten la conectividad nacional frente a amenazas físicas, jurídicas, tecnológicas y cibernéticas. Con esta determinación, el Ejecutivo pretende fortalecer la coordinación institucional para prevenir incidentes, atender emergencias y recuperar los servicios cuando se presenten afectaciones.
La clasificación de estas infraestructuras como activos estratégicos implica reconocer su importancia para la seguridad nacional y el funcionamiento de sectores esenciales. En consecuencia, su protección se incorpora a las prioridades estatales en materia de seguridad y defensa.
Únete al canal de WhatsApp de IFMNOTICIAS para estar informado de manera oportuna y con detalle. IFMNOTICIAS · Información de VerdadUnirmeSegún la información divulgada, las cuatro dimensiones de protección también harán parte del Plan TIC 2026. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado si la declaratoria será formalizada mediante un decreto u otro instrumento administrativo, ni se ha informado el número del eventual acto oficial.
Uno de los principales componentes de la estrategia será la conformación de un grupo en el Ministerio de Defensa con responsabilidades definidas y acceso a información reservada, conforme a los protocolos establecidos. Entre sus funciones estarán coordinar la protección de las redes de telecomunicaciones, prevenir incidentes y articular respuestas inmediatas ante posibles afectaciones.
El equipo también deberá contribuir a la recuperación de los servicios cuando se presenten interrupciones o daños en la infraestructura. Para cumplir estos objetivos, trabajará de manera coordinada con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT) y el Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares.
De acuerdo con el Gobierno, este mecanismo busca restablecer un canal de coordinación entre ambas entidades que funcionó durante años, pero dejó de operar. Por ahora, las autoridades no han anunciado una fecha concreta para el inicio de actividades del grupo ni han detallado cuántos integrantes tendrá.
El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, relacionó la medida con los cambios en las formas de actuación de las organizaciones criminales y el uso de herramientas digitales para cometer delitos y afectar infraestructura.
El funcionario afirmó que las telecomunicaciones serán protegidas con la misma determinación anunciada por el Gobierno para recuperar el control territorial. También advirtió sobre el uso de drones, las extorsiones mediante teléfonos celulares, el reclutamiento de menores a través de plataformas digitales y los ataques contra redes que conectan diferentes regiones del país.
Por su parte, la ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, explicó que los daños en componentes como antenas de telefonía móvil, estaciones base, redes troncales de fibra óptica, cables submarinos, centros de datos y estaciones satelitales pueden generar consecuencias que van más allá de la pérdida de conectividad.
La funcionaria señaló que una interrupción de estas redes puede afectar simultáneamente las transacciones económicas, la atención de emergencias y la capacidad de respuesta de las instituciones públicas. Por ello, la estrategia busca que la protección de las telecomunicaciones contemple tanto la prevención de daños como la continuidad de los servicios.
El planteamiento parte de que las redes digitales constituyen un soporte para actividades económicas, comunicaciones oficiales y operaciones de atención ciudadana. Su funcionamiento resulta determinante para mantener la conexión entre territorios y facilitar la prestación de servicios.
Como antecedente, el MinTIC mencionó las afectaciones registradas después del terremoto del 10 de agosto de 2026. Según las cifras citadas por la cartera, la indisponibilidad de las redes superó el 55 % en Quindío y el 50 % en Chocó, mientras que la recuperación de los servicios tardó varios días.
Falla atribuyó las dificultades a factores como la falta de suministro eléctrico, la ausencia de redundancia y la necesidad de contar con protocolos de emergencia previamente probados. La redundancia consiste en disponer de equipos o rutas alternativas que permitan mantener la operación cuando los componentes principales dejan de funcionar.
La experiencia evidenció la importancia de preparar mecanismos de respaldo y procedimientos de respuesta ante contingencias que comprometan las comunicaciones.
Preguntas y respuestas de contexto
¿Qué medida tomó el Gobierno respecto a las telecomunicaciones?
El Gobierno las declaró como activo estratégico de la Nación para proteger la infraestructura de ataques físicos y digitales, integrando su seguridad a las prioridades de defensa nacional.
¿Cómo se reforzará la seguridad desde el Ministerio de Defensa?
Se reinstalará un equipo especializado de manera permanente en la sede del MinTIC con acceso a información reservada para coordinar la protección de redes, antenas y cables submarinos.
¿Por qué se considera urgente esta protección?
Debido al aumento de delitos digitales por organizaciones criminales y a antecedentes como el terremoto de 2026, donde la falta de protocolos dejó sin servicio a más del 50% de regiones como Quindío y Chocó.
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