Gobierno convocó reunión urgente por restricciones de disidencias a labor de la ONU y la Defensoría

Recientemente, se supo que el Gobierno Nacional convocó a una reunión de urgencia para analizar las afectaciones y limitaciones que las disidencias de las Farc estaban generando al trabajo de organismos como la ONU y la Defensoría del Pueblo en varias regiones del país.

El encuentro, de acuerdo a lo filtrado en medios de comunicación de la capital, fue citado para la tarde en el Ministerio del Interior, con el objetivo de evaluar la situación y definir medidas frente a las restricciones impuestas por estos grupos armados a las misiones humanitarias y de verificación.

Cabe recordar que hace un par de horas se ha presentado una creciente preocupación institucional tras el anuncio del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las antiguas Farc liderada por Iván Mordisco, de prohibir el ingreso de la Misión de Verificación de la ONU, la Mapp-OEA y la Defensoría del Pueblo a los territorios bajo su control.

El grupo armado comunicó esta decisión a través de un comunicado difundido por redes sociales, donde argumentó supuestas “violaciones de confianza y neutralidad” por parte de estos organismos. Según sus voceros, las acciones humanitarias y de verificación habrían sido utilizadas para obtener información sobre sus posiciones, lo que, afirmaron, facilitó operaciones militares en su contra.

Asimismo, señalaron presuntos silencios de estos organismos frente a violaciones al derecho internacional humanitario, mencionando casos como la muerte de civiles en operativos de la fuerza pública. En ese contexto, anunciaron que únicamente permitirían la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), siempre que se garantizaran condiciones de “neutralidad absoluta”, confidencialidad y coordinación previa.

Tras el anuncio, la Defensoría del Pueblo rechazó la medida y advirtió que la restricción vulneró el derecho internacional humanitario (DIH) y afectó directamente a la población civil.

La entidad explicó que impedir o condicionar el acceso de misiones humanitarias limitó el monitoreo de riesgos, dejó a las comunidades sin acompañamiento, restringió el acceso a ayuda y dificultó las acciones orientadas a mitigar el sufrimiento en zonas afectadas por el conflicto armado.

Además, señaló que la decisión no solo obstaculizó el ejercicio de sus funciones constitucionales, sino que terminó perjudicando a las comunidades más vulnerables. También expresó su preocupación por los intentos de deslegitimar y poner en riesgo la labor de sus funcionarios, quienes, aseguró, continuaron desempeñando su trabajo de manera técnica, independiente y con enfoque humanitario.

La Defensoría reiteró que sus actuaciones se desarrollaron bajo principios de imparcialidad, autonomía y compromiso con la defensa de los derechos humanos, el respeto al DIH y la protección de la dignidad humana.