(EN VIDEO) Congreso tiene hasta el 20 de junio para definir el futuro de la Jurisdicción Agraria tras mensaje de insistencia del Gobierno

La iniciativa que aún debe superar dos debates en las plenarias de Senado y Cámara y que enfrenta como fecha límite el 20 de junio para evitar su archivo.

La radicación fue realizada por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, junto al ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quienes acudieron al Capitolio para formalizar la solicitud del Ejecutivo. Con este trámite, el Gobierno busca que el proyecto sea priorizado en la agenda legislativa en la recta final de la actual legislatura.

De acuerdo con lo expuesto por la ministra Carvajalino, la iniciativa fue presentada nuevamente en agosto de 2024 y tiene como antecedentes un acto legislativo y una ley estatutaria previamente aprobados. Señaló que el mensaje de insistencia se presenta tras 21 meses desde la radicación inicial del proyecto y a pocas semanas del cierre del actual periodo legislativo. Indicó además que, en caso de no ser aprobado, el Ejecutivo contempla volver a presentarlo el 20 de julio.

El proyecto de ley 398 desarrolla la Jurisdicción Agraria y Rural creada mediante el Acto Legislativo 03 de 2023. La propuesta establece la conformación de jueces especializados en conflictos relacionados con la tierra en el ámbito rural, incluyendo casos de propiedad, posesión, ocupación y contratos vinculados a predios.

El diseño de la iniciativa contempla procedimientos orales, participación directa del juez en el proceso y desplazamiento a los territorios donde se presentan los conflictos, con el objetivo de resolver de manera integral las disputas sobre la tierra. También incluye un enfoque dirigido a campesinos y comunidades étnicas dentro del sistema judicial agrario.

El trámite de la iniciativa ha estado acompañado de solicitudes de priorización por parte del Gobierno, así como de entidades como la Defensoría del Pueblo, que han reiterado la importancia de su discusión al estar relacionada con el primer punto del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Pese a ello, el proyecto no ha sido debatido de forma continua en las plenarias y ha sido aplazado en el orden del día en distintas ocasiones.

En paralelo al trámite legislativo, la Corte Constitucional se pronunció recientemente sobre disposiciones relacionadas con el acceso y uso de tierras en el marco del Acuerdo de Paz. En su decisión, el alto tribunal mantuvo vigentes algunas normas del Decreto Ley 902 de 2017 y estableció que, mientras entra en funcionamiento la jurisdicción agraria, las competencias seguirán en manos de los jueces actuales. También ordenó una transición gradual hacia la implementación de tribunales y juzgados agrarios a partir de 2027.

El desarrollo de la jurisdicción agraria ha sido considerado por el Gobierno como parte de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz. Sin embargo, el trámite legislativo se desarrolla en medio de una agenda del Congreso marcada por otras prioridades, incluidas las relacionadas con el calendario electoral.

La creación de esta jurisdicción fue establecida en 2023, pero su aplicación depende de la expedición de la ley que defina sus competencias, estructura y funcionamiento. Mientras esa regulación no sea aprobada, el sistema judicial actual continúa asumiendo los procesos relacionados con conflictos de tierras rurales.

El debate sobre la jurisdicción agraria se enmarca en un contexto histórico de intentos de regulación del acceso a la tierra en el país. Según cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, una parte reducida de propietarios concentra una proporción significativa de la tierra productiva, mientras que la mayoría de predios rurales corresponde a unidades de pequeña extensión.

El Gobierno mantiene la solicitud al Congreso para que se definan los dos debates restantes del proyecto antes del cierre del periodo legislativo, con el fin de evitar su archivo y permitir su eventual implementación dentro del sistema judicial colombiano.

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