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Tribunal internacional ordenó a la ANI pagar más de $3,5 billones a Concesión Ruta al Mar

La decisión arbitral, emitida en el marco de un proceso internacional, favoreció a la concesión Ruta al Mar S.A.S. y estableció condenas económicas contra la Agencia Nacional de Infraestructura.

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Tribunal internacional ordenó a la ANI pagar más de $3,5 billones a Concesión Ruta al Mar
Óscar Torres Yarzagaray presidente de la ANI. Foto: X. @ANI_Colombia/.

El Centro Internacional de Resolución de Disputas conocido por sus siglas como CIRD/AAA profirió una sentencia arbitral de gran relevancia en el caso identificado con el número CIRD No. 01-23-0002-8303. En este proceso, la Concesión Ruta al Mar S.A.S. fungió como la parte demandante, mientras que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) actuó como la demandada. 

La decisión final del tribunal arbitral internacional fue emitida el pasado 30 de abril y, posteriormente, fue notificada a todas las partes involucradas el 1 de mayo.

En este contexto, el tribunal internacional, tras analizar los argumentos y pruebas presentadas, falló de manera contundente a favor de la Concesión. Como resultado de esta determinación, se ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura el pago de una suma que supera los 3,5 billones de pesos colombianos, adicionalmente, se declaró la terminación anticipada del contrato de concesión que vinculaba a ambas entidades.

Según la información divulgada al mercado por Construcciones El Cóndor S.A., empresa accionista de la Concesión, el laudo arbitral incluyó diversas condenas económicas, la condena de mayor cuantía correspondió específicamente a la fórmula de liquidación del contrato por su terminación anticipada, ascendiendo a un valor superior a los 3,3 billones de pesos.

De manera complementaria, el fallo contempló pagos por otros conceptos relevantes. Entre estos se encuentran la falta de aumento de las tarifas de peaje, compensaciones de carácter ambiental, demoras en los reconocimientos contractuales y los costos asociados a la gestión de sitios inestables dentro del proyecto. 

Asimismo, se ordenaron sumas adicionales relacionadas con los gastos inherentes al proceso arbitral, incluyendo los honorarios de los peritos, los costos legales asumidos por la Concesión y las tarifas administrativas propias del tribunal.

En total, el valor acumulado de las condenas económicas impuestas superó los 3,57 billones de pesos colombianos, pero a esta cifra se sumaron montos adicionales en dólares estadounidenses, correspondientes a los gastos administrativos derivados del arbitraje.

Se estableció también la aplicación de ajustes económicos. Estos deberán ser liquidados en el momento efectivo del pago, con el objetivo de tener en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha en que la información fue evaluada por el tribunal y la ejecución final de la decisión.

La controversia que dio origen a este proceso arbitral se inició en junio de 2023, cuando la Concesión Ruta al Mar S.A.S. presentó el caso ante el tribunal arbitral. 

La acción se fundamentó en presuntos incumplimientos contractuales atribuidos directamente a la Agencia Nacional de Infraestructura. La pretensión principal de la Concesión fue la terminación anticipada del contrato, bajo la fórmula de liquidación previamente establecida en el acuerdo de concesión.

El contrato de concesión en cuestión, fue suscrito originalmente en el año 2015, y tenía como propósito fundamental la construcción, el mejoramiento, la operación y el mantenimiento de aproximadamente 500 kilómetros de vías, en obras de infraestructura que se localizaban en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.

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