Procuraduría llama a juicio disciplinario al alcalde de Barichara por captar agua de una fuente privada sin permiso ambiental

Los hechos que se investigan

Según lo informado por la Procuraduría, en 2024 la Alcaldía de Barichara declaró la calamidad pública por la falta de agua para el consumo humano. Para atender la emergencia, el alcalde habría permitido captar y usar el recurso hídrico de la fuente conocida como "La Chorrera", ubicada en un predio de propiedad particular identificado como Lote 4, en la vereda Santa Helena.

El Ministerio Público busca establecer si sobre esa fuente pesaba en ese momento una medida preventiva ambiental impuesta por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), la autoridad encargada de administrar los recursos naturales en buena parte del departamento. Algunos medios afirman que esa medida impedía el uso del nacimiento, aunque la información difundida por la Procuraduría plantea su existencia como un hecho que deberá esclarecerse en el proceso.

Además, el ente de control examina si el mandatario aprobó la extracción del líquido sin contar con una concesión de aguas ni con otro permiso o autorización ambiental expedida por la autoridad competente. En Colombia, el aprovechamiento de aguas superficiales o subterráneas requiere, por regla general, ese tipo de autorización, incluso cuando el destino es el abastecimiento de la población.

Falta grave a título de culpa grave

En el pliego de cargos, la Procuraduría calificó de manera provisional la presunta falta como grave, cometida a título de culpa grave. En el derecho disciplinario, esto significa que, en esta etapa, el órgano de control no atribuye al funcionario una intención deliberada (dolo), sino una posible falta de diligencia o cuidado inexcusable en el cumplimiento de sus deberes. Varios medios regionales describieron la conducta como una presunta extralimitación de funciones.

La calificación es provisional y puede modificarse durante el juicio, de acuerdo con las pruebas que se practiquen.

Qué significa el pliego de cargos

La formulación de cargos no equivale a una sanción. Según lo precisado por la propia Procuraduría, la decisión marca el inicio de la etapa de juicio disciplinario, en la que el alcalde podrá ejercer su derecho de defensa, explicar las actuaciones adelantadas durante la emergencia y aportar las pruebas que considere pertinentes.

Al término del juicio, el órgano de control decidirá si absuelve al mandatario o si lo declara disciplinariamente responsable. Mientras no exista un fallo en firme, Chaparro Jiménez conserva la presunción de inocencia y continúa en el ejercicio de su cargo, pues no se ha informado de ninguna suspensión provisional.

Hasta la publicación de este artículo no se conocía un pronunciamiento público del alcalde ni de la Administración municipal sobre los cargos. La Procuraduría tampoco ha precisado en la información difundida qué dependencia lleva el caso ni los plazos del juicio.

Una tensión entre la emergencia y la norma ambiental

El caso pone sobre la mesa un dilema frecuente en municipios con escasez hídrica: la urgencia de garantizar el agua a la población frente a la obligación de respetar los permisos y restricciones ambientales. La calamidad pública permite a las autoridades locales adoptar medidas excepcionales y agilizar contrataciones, pero no las exime de cumplir las normas sobre uso de recursos naturales.

El abastecimiento de agua ha sido un tema recurrente en Barichara, donde la comunidad ha denunciado en distintos momentos problemas con la calidad y la continuidad del servicio. El proceso disciplinario deberá determinar si la decisión adoptada en 2024 se ajustó o no a la ley.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Procuraduría formuló cargos contra el alcalde de Barichara?

Se investiga a Milton Edilson Chaparro Jiménez por presuntamente permitir la captación de agua de un nacimiento privado sin contar con la concesión ni los permisos ambientales requeridos.

¿En qué contexto se realizó la extracción irregular de agua?

La captación se dio en la vereda Santa Helena durante la declaratoria de calamidad pública de 2024, con el fin de atender la escasez del recurso para el consumo humano en el municipio.

¿A qué sanción se enfrenta el mandatario local?

La falta fue calificada provisionalmente como grave a título de culpa grave, lo que dio inicio a un juicio disciplinario donde el alcalde podrá ejercer su defensa antes de una decisión final.