De La Espriella trasladó a sus ministros decisiones sobre nombramientos, ascensos militares y prórrogas de intervenciones en salud

La Constitución permite que el jefe de Estado transfiera a sus ministros y directores el ejercicio de algunas funciones propias, con el fin de agilizar la administración. Quien recibe la delegación firma y responde por esas decisiones, aunque la titularidad de la función sigue en cabeza del presidente. El nuevo decreto, titulado "por el cual se delegan unas funciones", reemplaza las reglas que regían en el gobierno anterior: deroga expresamente los Decretos 658 de 2024 y 857 de 2025 y rige desde su expedición.

La norma lleva la firma del mandatario y de varios integrantes del gabinete, entre ellos la ministra de Salud, Ana María Vesga Gaviria; el canciller, Omar Nicolás Bula Escobar; Iván Cancino González, como ministro de Justicia y encargado del Interior, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ríos Puerta.

El artículo 21 delega en el Ministerio de Salud y Protección Social la autorización de las prórrogas "superior a un año" de las tomas de posesión previstas en el artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto Ley 663 de 1993), aplicable al sector salud por remisión de la Ley 715 de 2001 y del Decreto 780 de 2016.

La toma de posesión es la medida por la cual el Estado asume el control de una entidad con problemas graves, como ocurre con las EPS intervenidas, y la administra mediante un agente interventor. Según Consultorsalud, la medida tiene un plazo inicial que puede extenderse, y la autorización para ir más allá de un año de prórroga quedará ahora en manos de la cartera de Salud, sin necesidad de un decreto presidencial.

Los primeros artículos facultan a ministros y directores para declarar y proveer vacantes definitivas y temporales en sus entidades y dar posesión a los funcionarios. Quedan por fuera cargos como viceministros, secretarios generales, agentes diplomáticos y los altos cargos de la Presidencia, entre ellos el consejero comisionado de Paz y el jefe de la Casa Militar, cuya designación sigue en el presidente.

El secretario jurídico del DAPRE dará posesión a los magistrados de las altas cortes, mientras que el Ministerio de Justicia lo hará con los funcionarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición cuando la ley exija que se posesionen ante el presidente.

Al Ministerio del Interior le corresponderá designar alcaldes y gobernadores ad hoc es decir, para asuntos puntuales en los que el titular está impedido; pedir a los partidos las ternas para reemplazar gobernadores y alcaldes de distrito y ejecutar las sanciones disciplinarias de la Procuraduría contra exmandatarios regionales.

El Ministerio de Defensa recibe 16 funciones sobre personal de las Fuerzas Militares, entre ellas ascensos y retiros hasta el grado de teniente coronel o capitán de fragata, comisiones en el exterior y condecoraciones, además de 13 funciones similares sobre oficiales de la Policía Nacional.

La Cancillería podrá gestionar ascensos y traslados de la carrera diplomática y recibir, en el Palacio de San Carlos, la presentación de credenciales de los embajadores extranjeros.

El decreto también delega en el Ministerio de Educación la designación de los representantes del Gobierno en los consejos superiores universitarios, y en el de Ambiente la del representante presidencial ante los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales (CAR). En ambos casos, los ministros deberán remitir previamente a la Secretaría Jurídica de la Presidencia los documentos que acrediten los requisitos de los designados.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste el Decreto 1610 expedido por el presidente De La Espriella?

El mandatario delegó en sus ministros y directores de departamentos administrativos diversas funciones que antes eran exclusivas de su despacho, con el fin de agilizar la administración pública.

¿Qué cambios específicos se aplicarán en el sector salud?

La ministra de Salud ahora tendrá la facultad de autorizar prórrogas superiores a un año en las intervenciones o tomas de posesión de entidades como las EPS, sin requerir un decreto presidencial.

¿Qué otras facultades fueron transferidas a los ministerios?

El Ministerio de Defensa gestionará ascensos y retiros de oficiales hasta cierto rango, el de Justicia posesionará a funcionarios del Sistema de Verdad, y el Interior designará mandatarios locales ad hoc.