Gobierno nacional solicita postergación del debate de control político sobre la reconstrucción tras el sismo

En una comunicación oficial dirigida a los promotores del debate de control político en el Congreso de la República, altos funcionarios del Gobierno Nacional han solicitado formalmente el aplazamiento de la sesión de rendición de cuentas programada para evaluar los avances y la financiación de la reconstrucción tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. La petición fue suscrita por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo Roldán; y el gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe Tamayo.

Los responsables de las carteras y entidades involucradas manifestaron que la invitación para esta comparecencia en el Capitolio fue recibida el 23 de octubre. Según explicaron, el volumen y la complejidad técnica de la información solicitada por los legisladores requieren de una coordinación interinstitucional exhaustiva que no ha podido completarse en el tiempo previsto. Los funcionarios argumentaron que el objetivo es entregar una respuesta que sea calificada como "integral, clara, transparente y precisa", lo cual demanda un proceso de consolidación de datos más riguroso.

Adicionalmente, la misiva enviada al Legislativo menciona dificultades logísticas relacionadas con el ajuste de las agendas institucionales para asegurar la presencia física de los citados en el recinto. A pesar de la solicitud de postergación, los firmantes reiteraron su total disposición para asistir a una nueva citación, cuya fecha deberá ser establecida autónomamente por el Congreso, dado que en la comunicación no se planteó una alternativa específica en el calendario.

El contexto de esta rendición de cuentas se enmarca en la tragedia provocada por el sismo de magnitud 7,4, cuyo epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. De acuerdo con los registros oficiales de la UNGRD, el evento natural dejó un saldo lamentable de 335 personas fallecidas, 4.516 ciudadanos heridos y 103 personas que aún permanecen desaparecidas. El impacto social es profundo, con un Registro Único de Damnificados (RUD) que ya contabiliza a 489.862 personas, lo que representa a 305.791 familias afectadas en el territorio nacional.

La infraestructura habitacional también sufrió daños considerables, reportándose 207.889 viviendas con diversas averías. La emergencia se ha extendido a 500 municipios distribuidos en 16 departamentos del país, lo que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del Estado y la suficiencia de los recursos destinados para la atención de desastres.

Uno de los puntos neurálgicos que el Congreso busca esclarecer es la financiación del Plan de Acción Específico (PAE) nacional. Las estimaciones indican que la inversión total requerida para la reconstrucción asciende a 58,29 billones de pesos. No obstante, hasta el momento solo se han identificado fuentes para 15,04 billones de pesos. Esta situación deja una brecha financiera crítica de aproximadamente 43,25 billones de pesos que carecen de una fuente de recursos definida, lo que genera incertidumbre sobre el cumplimiento de las metas de reconstrucción a largo plazo.

Para gestionar esta crisis, el Gobierno creó el Fondo Milagro, cuya estructura se anunció el 12 de agosto y se formalizó legalmente el 9 de septiembre. El proceso administrativo continuó con la firma del contrato fiduciario con Fiducoldex el 5 de octubre, iniciando operaciones formales el 7 de octubre. Según el balance entregado por el presidente Abelardo De La Espriella el 22 de octubre, el fondo comenzó con una partida inicial de 624.656 millones de pesos derivados de un crédito con el Banco Mundial, sumado a 377.000 millones ejecutados directamente por la UNGRD en apoyos económicos.

El cronograma financiero del Ejecutivo contempla el ingreso de 826.000 millones de pesos provenientes del Ministerio de Vivienda durante el mes de noviembre, además de aproximadamente 2,7 billones de pesos vinculados a facilidades tributarias diseñadas para incentivar la inversión en la reconstrucción. Al respecto, el ministro Miguel Gómez Martínez informó que, con corte al 24 de octubre, el recaudo por estos beneficios ascendía a 1,1 billones de pesos. Es importante destacar que el plazo para que los contribuyentes se acojan a estos incentivos vence el próximo 19 de noviembre.

Por otro lado, el presidente De La Espriella aclaró el 25 de octubre que los aportes realizados por el sector privado tienen un manejo independiente, subrayando que estos recursos no ingresan al Fondo Milagro ni forman parte del Presupuesto General de la Nación.

La solicitud de aplazamiento se produce en un clima de creciente tensión política. Durante la plenaria del Senado del 27 de octubre, el senador Walter Rodríguez, conocido como "Wally" y perteneciente a la bancada del Pacto Histórico, lanzó fuertes críticas contra la gestión de la emergencia. El congresista reveló que, tras interponer una acción de tutela, la UNGRD admitió que no se han suscrito contratos ni se han activado órdenes de proveeduría para la atención directa de los damnificados.

Rodríguez denunció que la única acción certificada hasta la fecha ha sido el préstamo de dos carrotanques en el departamento del Quindío. Asimismo, el legislador puso en duda la operatividad del Fondo Milagro, señalando que, a su juicio, la entidad carece de los manuales operativos y de contratación necesarios para ejecutar los recursos de manera eficiente y transparente. Estos cuestionamientos aumentan la presión sobre los funcionarios para que la futura rendición de cuentas despeje las dudas sobre la ejecución real en los territorios afectados.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué el Gobierno solicitó aplazar el debate de control político?

El Ministerio de Hacienda, la UNGRD y el Fondo Milagro argumentaron que necesitan más tiempo para consolidar información técnica compleja y coordinar agendas institucionales. El objetivo es entregar respuestas integrales y precisas sobre los avances de la reconstrucción tras el sismo del 10 de agosto.

¿Cuál es el estado financiero de la reconstrucción?

Existe una brecha crítica de 43,25 billones de pesos, ya que de los 58,29 billones requeridos para el Plan de Acción Específico, solo se han identificado fuentes para 15,04 billones. Actualmente, el Fondo Milagro opera con recursos iniciales de un crédito del Banco Mundial y aportes de la UNGRD.

¿Qué denuncias se han presentado sobre la gestión de la emergencia?

El senador Walter Rodríguez criticó que, según la propia UNGRD, no se han suscrito contratos ni activado órdenes de proveeduría para atender directamente a los damnificados. Además, cuestionó la operatividad del Fondo Milagro por la presunta falta de manuales de contratación y ejecución.