Alerta por presunta usurpación de funciones: La JEP buscaría controlar la contratación de obras públicas

La senadora Maria Clara Posada, integrante de la bancada del Centro Democrático y una de las voces más críticas en el ejercicio de control político sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha puesto de manifiesto una situación que genera profunda preocupación en diversos sectores del país. De acuerdo con las denuncias presentadas por la legisladora, este tribunal de justicia transicional estaría adelantando gestiones para atribuirse facultades de ordenación del gasto, una función que, según el marco legal vigente, no le corresponde.

La controversia por los proyectos restaurativos

El núcleo de la denuncia radica en la intención de la JEP de definir de manera autónoma qué obras de infraestructura y programas sociales pueden ejecutarse bajo la denominación de “proyectos restaurativos”. La senadora Posada sostiene que, a pesar de que la normativa actual no otorga tales autorizaciones a la jurisdicción, esta organización busca incidir directamente en la determinación de las inversiones estatales. Esta pretensión ha sido calificada como un intento de sobrepasar los límites institucionales y administrativos establecidos para el funcionamiento de la justicia para la paz.

Es importante recordar que la naturaleza de la JEP es judicial y no administrativa ni ejecutiva. No obstante, la advertencia de la senadora sugiere que el tribunal pretende ir más allá de su mandato de impartir justicia, buscando tener voz y voto en la disposición de recursos públicos destinados a obras que, en teoría, deberían servir para reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Advertencias previas de los entes de control

Esta situación no es nueva para los organismos de vigilancia del Estado. Desde el año pasado, la Procuraduría General de la Nación emitió una advertencia clara y contundente dirigida a la JEP. El ente de control señaló que la jurisdicción carece de competencia legal para decidir de forma unilateral cuáles son las obras que deben realizarse. Según el marco normativo, la función de la JEP debe limitarse a seleccionar proyectos a partir de un listado previamente estructurado y suministrado por el Gobierno Nacional.

Este procedimiento no es una interpretación arbitraria, sino que responde a lo consignado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 y en el documento CONPES 4094 de 2022. En estos instrumentos de planeación estatal se define la hoja de ruta para la inversión y se establece que es el Ejecutivo, a través de sus dependencias técnicas, quien lidera la priorización de los proyectos, garantizando la coherencia con la política fiscal y las necesidades del territorio.

Bloqueo de proyectos y criterios subjetivos

A pesar de las directrices legales y las advertencias de la Procuraduría, la senadora Maria Clara Posada reveló que la JEP ha mantenido una postura de bloqueo frente a más de 200 proyectos que ya habían sido priorizados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). El argumento utilizado por el tribunal para frenar estas iniciativas es que, a su juicio, dichas obras “no tienen perfil restaurativo”.

La denuncia enfatiza que el concepto de “perfil restaurativo” no se encuentra definido taxativamente en la ley, lo que otorga a la JEP un margen de discrecionalidad que resulta alarmante. Al aplicar este criterio subjetivo, la jurisdicción estaría intentando imponer al Gobierno Nacional directrices sobre qué construir, en qué lugares específicos y bajo qué condiciones técnicas, omitiendo considerar el impacto financiero de estas decisiones o la actual crisis fiscal que atraviesa la nación.

Riesgos para el presupuesto y la contratación estatal

La senadora Posada advierte que, de consolidarse esta facultad, las consecuencias para la administración pública serían severas. En primer lugar, la JEP lograría comprometer una parte significativa del presupuesto nacional, condicionando la inversión estatal a sus propios intereses y visiones. En segundo lugar, esto le permitiría definir los términos de la contratación y, posteriormente, ejercer una vigilancia directa sobre la ejecución de las obras a través de su Sección de Seguimiento a las Sentencias.

Este escenario es visto por la oposición como una usurpación de las funciones propias del Poder Ejecutivo. La crítica se centra en que, tras años de cuestionamientos por el manejo presupuestal interno de la JEP, ahora el tribunal pretendería administrar una contratación millonaria de carácter externo. Para la senadora, este comportamiento refleja una actitud de arrogancia frente a la Constitución Política de Colombia y un desconocimiento del mandato legal que rige el equilibrio de poderes en el país.

La situación plantea un debate jurídico y político de gran envergadura sobre los límites de la justicia transicional y la autonomía del Gobierno para gestionar los recursos públicos en beneficio de la población, sin que la rama judicial interfiera en la planeación técnica y económica del Estado.

Preguntas y respuestas de contexto

¿De qué se le acusa a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

La senadora Maria Clara Posada denunció que la JEP busca atribuirse funciones de ordenación del gasto y control sobre la contratación de obras públicas, facultades que legalmente no le corresponden.

¿Cómo estaría afectando la JEP la ejecución de obras estatales?

El tribunal ha bloqueado más de 200 proyectos priorizados por el Departamento Nacional de Planeación, argumentando bajo criterios subjetivos que las obras no cumplen con un "perfil restaurativo".

¿Qué dicen los entes de control sobre esta situación?

La Procuraduría advirtió que la JEP carece de competencia para decidir unilateralmente sobre las obras y debe limitarse a seleccionar proyectos de una lista suministrada por el Gobierno Nacional, según el Plan Nacional de Desarrollo.