Corte Suprema desmintió a Petro y aclaró que no ha emitido fallo sobre el sistema agrario

La Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado público en el que precisó que no ha proferido ningún fallo relacionado con el sistema agrario colombiano, ni ha cuestionado las funciones de adjudicación de tierras que actualmente desarrolla la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

La aclaración fue divulgada luego de las interpretaciones surgidas en torno a comentarios realizados sobre el proyecto de ley que busca regular la jurisdicción agraria y rural en el país. En el documento, el alto tribunal explicó que las observaciones conocidas corresponden únicamente a un concepto técnico remitido al Congreso de la República durante el trámite legislativo de la iniciativa.

Según el comunicado, la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural participaron el pasado 13 de mayo en una sesión plenaria de la Cámara de Representantes, atendiendo una invitación relacionada con la discusión del proyecto de ley sobre competencia de la jurisdicción agraria y procedimiento especial agrario.

En esa intervención, la Corte señaló que las funciones de adjudicación de tierras ejercidas por la Agencia Nacional de Tierras no han sido objeto de cuestionamiento por parte del tribunal. “La adjudicación a cargo de la Agencia Nacional de Tierras no ha sido cuestionada, de manera alguna, por esta Corte”, indicó el comunicado.

El alto tribunal explicó que las observaciones formuladas se enfocan en la necesidad de establecer una delimitación precisa de competencias entre las autoridades administrativas y la jurisdicción agraria en procedimientos relacionados con recuperación de baldíos indebidamente ocupados, revocatoria directa de adjudicaciones, reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria y caducidad administrativa.

La Corte manifestó que este tipo de actuaciones, aunque actualmente son reguladas principalmente por la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, no pueden entenderse únicamente como procedimientos administrativos cuando tienen efectos directos sobre derechos subjetivos y situaciones jurídicas consolidadas.

En el documento se indica que dichas actuaciones requieren control judicial especializado y oportuno debido a los efectos que pueden generar sobre los derechos de las personas involucradas. Por esa razón, la Corte expresó preocupación frente a la posibilidad de que estos procesos sean atribuidos de manera predominante a autoridades administrativas, dejando la intervención de los jueces agrarios únicamente para escenarios excepcionales.

Asimismo, el comunicado plantea la necesidad de armonizar las competencias entre la Jurisdicción Agraria y el Consejo de Estado. Según la Corte Suprema, esta delimitación permitiría fortalecer la coherencia institucional y garantizar reglas claras sobre la actuación de las distintas autoridades judiciales y administrativas en materia agraria.

El tribunal también señaló que la definición precisa de competencias tiene fundamento en el principio constitucional del juez natural, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. De acuerdo con la explicación entregada por la Corte, este principio implica que las competencias judiciales deben estar definidas previamente por la ley y ser ejercidas por autoridades especializadas e idóneas.

En el comunicado, la Corte agregó que la precisión sobre las competencias previstas en el artículo 9 del proyecto de ley contribuiría a fortalecer la autonomía de la Jurisdicción Agraria y Rural, además de garantizar seguridad jurídica y confianza en la administración de justicia agraria.