Petro convocó movilización por la tierra mientras la jurisdicción agraria sigue bloqueada en el Congreso

La convocatoria se da en medio de las dificultades que enfrenta el proyecto de ley en el Congreso y cuando faltan menos de dos semanas para las elecciones presidenciales.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario convocó a estos sectores sociales a iniciar un proceso de coordinación nacional que, según expresó, permita avanzar en lo que denominó “la gran lucha por la tierra” y el cumplimiento de la Constitución Política.

El pronunciamiento se produjo mientras en el Senado continúa estancado el trámite de la ley que reglamenta la jurisdicción agraria, iniciativa que debe ser aprobada antes del próximo 20 de junio para evitar su archivo.

En su publicación, el jefe de Estado aseguró que “solo el pueblo decide” si Colombia regresa a un modelo de concentración de la tierra similar al que, según dijo, existía bajo la Constitución de 1886, o si se mantiene el modelo del Estado social de derecho consagrado en la Constitución de 1991 y en los acuerdos internacionales relacionados con los derechos campesinos sobre la propiedad rural.

El mandatario vinculó el debate legislativo con la situación histórica de la tierra en el país y con la implementación de la reforma agraria promovida por su gobierno. Además, insistió en que las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes deben expresarse “como poder constituyente” junto a la población colombiana, en un contexto en el que desde sectores del Pacto Histórico también se mantiene la discusión sobre la posibilidad de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente.

El pronunciamiento presidencial se produjo mientras la reglamentación de la jurisdicción agraria afronta dificultades para avanzar en el Congreso por falta de cuórum y por las diferencias entre el Gobierno y sectores de oposición sobre el alcance de las facultades que tendría la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Algunos partidos han manifestado reparos frente a la posibilidad de que ciertas competencias administrativas puedan interferir con funciones reservadas a jueces agrarios y han advertido sobre eventuales afectaciones a la propiedad privada.

La jurisdicción agraria fue creada mediante el Acto Legislativo 03 de 2023 y posteriormente estructurada con la Ley Estatutaria 2570 de 2026. Sin embargo, aún falta la aprobación de la ley de procedimiento que permitirá la entrada en operación de los tribunales y juzgados agrarios previstos para comenzar funciones en 2027. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-099, ordenó la implementación gradual de esa jurisdicción a cargo del Consejo Superior de la Judicatura.

Frente al riesgo de que el proyecto no sea aprobado antes del cierre de la legislatura, el Gobierno radicó mensaje de urgencia para acelerar el trámite. Aun así, la iniciativa continúa sin avances definitivos en el Senado, lo que mantiene en suspenso uno de los compromisos centrales de la agenda agraria del Ejecutivo.

En medio de ese escenario, Petro afirmó que detrás de las trabas legislativas existirían intereses asociados a sectores terratenientes y a estructuras ligadas al narcotráfico. En su mensaje sostuvo que actualmente se está produciendo “el robo del narcotráfico a las tierras de la Nación”, y relacionó esa situación con el conflicto armado y la violencia rural que ha vivido el país durante décadas.

El presidente también señaló que la movilización social y las urnas serían los mecanismos mediante los cuales se defendería la aplicación de la Constitución y de los tratados internacionales suscritos por Colombia sobre derechos territoriales de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. En ese sentido, habló de un “primer momento constituyente” representado en las elecciones y de un “segundo momento constituyente” relacionado con la movilización popular.

Dentro de sus declaraciones, el mandatario cuestionó decisiones judiciales y sostuvo que algunos sectores vinculados al poder económico han intervenido históricamente en el manejo de la tierra y de los recursos públicos. Además, reiteró que la discusión sobre la jurisdicción agraria no solo involucra aspectos jurídicos, sino también el modelo de acceso y distribución de la tierra en Colombia.

Mientras tanto, el futuro de la reglamentación agraria continúa dependiendo de las decisiones que adopte el Congreso durante las próximas semanas. Si el proyecto no logra completar su trámite antes del vencimiento del calendario legislativo, la jurisdicción agraria quedará sin marco procesal para su funcionamiento, pese a que su estructura constitucional y judicial ya fue aprobada en reformas anteriores.

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