Gobierno anunció acciones judiciales tras suspensión de traslado de recursos a Colpensiones
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el Gobierno nacional interpondrá recursos judiciales contra la decisión del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el traslado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones.
La medida judicial frenó temporalmente la aplicación del decreto expedido por el Ejecutivo que establecía el traslado de cerca de cinco billones de pesos correspondientes a afiliados que decidieron cambiarse del régimen privado al sistema público de pensiones.
Durante rueda de prensa realizada en la sede del Ministerio de Trabajo, Sanguino señaló que el Ejecutivo acudirá nuevamente ante el Consejo de Estado y otras instancias judiciales para insistir en el traslado de los recursos administrados por los fondos privados.
El funcionario sostuvo que el Gobierno continuará promoviendo acciones jurídicas relacionadas con el tema pensional y reiteró el llamado a la Corte Constitucional para que avance en el estudio de la reforma pensional impulsada por el Ejecutivo.
En su intervención, el Ministro también invitó a los ciudadanos a trasladarse desde los fondos privados hacia Colpensiones. Según indicó, el Gobierno buscará agotar los mecanismos legales disponibles para lograr que los recursos acumulados en las cuentas pensionales acompañen el cambio de régimen solicitado por los afiliados.
Sanguino afirmó además que el presidente Gustavo Petro pidió a la Superintendencia Financiera de Colombia adelantar investigaciones sobre posibles conductas relacionadas con el manejo de los recursos por parte de los fondos privados de pensiones.
La controversia se originó después de que el Consejo de Estado decretara la suspensión provisional del Decreto 415, norma expedida por el Gobierno para reglamentar el traslado de recursos de trabajadores que optaron por pensionarse en el sistema administrado por Colpensiones.
Tras la decisión judicial, el Ministerio de Trabajo planteó la posibilidad de que miles de ciudadanos presenten acciones de tutela para reclamar el traslado de sus ahorros pensionales. La estrategia fue mencionada por el jefe de la cartera como una alternativa jurídica para quienes consideran afectados sus derechos relacionados con el cambio de régimen.
De acuerdo con las declaraciones entregadas por Sanguino, inicialmente cerca de 25.000 trabajadores podrían acudir a este mecanismo judicial. Sin embargo, el universo de personas que eventualmente podrían presentar tutelas alcanzaría hasta 120.000 afiliados.
El alto funcionario explicó que el Gobierno considera que los recursos acumulados en las cuentas individuales pertenecen a los trabajadores y que, en consecuencia, estos deberían trasladarse junto con el afiliado cuando decide pasar del sistema privado al público.
En paralelo a las acciones anunciadas por el Ministerio de Trabajo, Colpensiones confirmó que presentará un recurso de súplica para solicitar al Consejo de Estado una nueva revisión de la medida cautelar que suspendió el decreto.
El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, defendió la legalidad de la norma expedida por el Ejecutivo y sostuvo que el decreto no eliminaba las obligaciones de pago de los fondos privados, sino que establecía un plazo para efectuar el traslado de los recursos hacia el sistema público.
Por su parte, Petro también se pronunció sobre el tema a través de redes sociales. El mandatario pidió a trabajadores pensionados acudir a acciones de tutela y considerar demandas ante instancias internacionales relacionadas con la protección de derechos.
La discusión jurídica se desarrolla mientras continúa el análisis sobre la implementación de la reforma pensional y el manejo de los recursos correspondientes a los afiliados que han solicitado traslado de régimen.
El debate también se mantiene en medio de las diferencias entre el Gobierno y los fondos privados frente a la interpretación de las normas que regulan el sistema pensional y las obligaciones asociadas al traslado de recursos entre administradoras.
Entretanto, el Consejo de Estado mantiene vigente la suspensión provisional del decreto mientras avanza el estudio de fondo sobre la legalidad de la medida expedida por el Gobierno nacional.


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