Contra el reloj: el Gobierno tiene cerca de ocho semanas para sacar adelante la ley de rescate, el traslado para Air-e y la ley de sometimiento

Un calendario apretado

Las sesiones ordinarias del Congreso terminan el 16 de diciembre. La agenda del Ejecutivo le quedan menos de nueve semanas de trabajo legislativo. Si no alcanza el tiempo, el Gobierno podría tener que convocar sesiones extraordinarias, es decir, citar al Congreso por fuera del calendario ordinario para tramitar temas puntuales.

El punto de partida es el presupuesto de 2027, por cerca de $634,9 billones. Senado y Cámara no lograron conciliar sus textos antes del plazo constitucional del 20 de octubre. Por eso el Gobierno lo expidió por decreto, con base en lo aprobado en primer debate y sin las modificaciones de las plenarias; eso dejó por fuera adiciones que los congresistas buscaban incluir: $3 billones para salud, $6,5 billones para pensiones, $3 billones para subsidios de energía y gas y $700.000 millones para universidades públicas.

La ley de rescate, la pieza central

La iniciativa de mayor peso es la llamada ley de rescate fiscal, que también se describe como ley de financiamiento. Su objetivo es cubrir un faltante cercano a $45 billones. Las fechas anunciadas no coinciden. El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago, dijo el 22 de octubre en un foro gremial en Bogotá que el Gobierno quería presentarla "la semana entrante". "De seguir por esta senda, somos un Estado totalmente inviable", advirtió.

Por su parte, el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Alfredo Ape Cuello, afirmó hace unos días que el Ejecutivo la radicaría la primera semana de noviembre. Ese cronograma prevé sesiones conjuntas de las comisiones económicas en la tercera y cuarta semana de noviembre y plenarias a comienzos de diciembre.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha dicho que el proyecto "sí contendrá medidas en algunos de los tributos, pero lo central va a ser el gasto". También ha dicho que podrían revisarse algunas exenciones, sin tocar las de los productos de la canasta familiar. Las exenciones son beneficios que liberan del pago de impuestos a ciertos bienes o sectores.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el organismo técnico que vigila que las cuentas públicas no se desborden, calificó como "exigente y ambicioso" el ajuste propuesto, equivalente a 2,2 % del PIB.

Air-e y la ley de sometimiento

El segundo frente es un traslado presupuestal de $1,2 billones para atender la crisis de Air-e, la empresa que presta el servicio de energía en buena parte del Caribe. Un traslado presupuestal mueve dinero de un rubro del presupuesto a otro. En este caso todavía no ha tenido primer debate y, según fuentes, debe quedar sancionado dentro de la vigencia de 2026, es decir, antes de que termine el año.

El tercero es la ley de sometimiento, que impulsa el ministro de Justicia, Iván Cancino. El proyecto fija las condiciones para que las estructuras armadas se acojan a la justicia. Ya fue aprobado en primer debate en las comisiones primeras conjuntas. Por ser una ley estatutaria, una categoría de mayor jerarquía que exige mayorías especiales y revisión previa de la Corte Constitucional, debe completar su trámite antes del 20 de julio de 2027.

Interlocución en transición

El trámite coincide con un relevo en la relación con el Congreso. Tras la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior, Cancino ejerce también como ministro del Interior encargado mientras se posesiona Alejandro Ordóñez, designado para esa cartera. El vicepresidente José Manuel Restrepo también podría tener un papel en la interlocución con los partidos.

En la lista de pendientes también figuran el proyecto de competitividad y antitrámites del Ministerio de Comercio, que tiene mensaje de urgencia, el presupuesto de regalías, el Estatuto del Trabajo, el Código de Tránsito y una reforma a la consulta previa. El nuevo ciclo de concertación del Plan Nacional de Desarrollo empezará en febrero de 2027.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuáles son las tres prioridades legislativas del Gobierno para el cierre del año?

El Ejecutivo busca aprobar la ley de rescate fiscal para cubrir un faltante de $45 billones, un traslado de $1,2 billones para la crisis de la empresa Air-e y la ley de sometimiento de grupos armados.

¿Qué plazo tiene el Congreso para tramitar estos proyectos?

Las sesiones ordinarias terminan el 16 de diciembre, lo que deja menos de ocho semanas de trabajo legislativo; de lo contrario, el Gobierno deberá convocar a sesiones extraordinarias.

¿Por qué el Presupuesto General de 2027 se expidió por decreto?

Debido a que el Senado y la Cámara no lograron conciliar los textos antes del plazo constitucional del 20 de octubre, el presidente lo expidió basándose en lo aprobado en el primer debate.