Colombia vuelve al Consenso de Ginebra: la Cancillería formaliza su adhesión a la declaración que niega un derecho internacional al aborto

Qué es el Consenso de Ginebra

Se trata de una declaración política impulsada en 2020, en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud, durante el primer gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, y respaldada entonces por administraciones conservadoras como la de Jair Bolsonaro en Brasil.

El texto afirma que las políticas sobre aborto son decisiones soberanas de cada Estado, que el aborto no debe promoverse como método de planificación familiar y que los países no tienen la obligación de financiarlo o facilitarlo. También reafirma la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la importancia de la atención en salud durante el embarazo y el parto, y la familia como núcleo de la sociedad.

A diferencia de un tratado internacional, este tipo de declaración no crea obligaciones jurídicas exigibles: no se incorpora al ordenamiento interno ni pasa por aprobación del Congreso ni revisión de la Corte Constitucional. Su peso es político y diplomático.

Lo que dijo el embajador Ordóñez

En un video divulgado tras la firma, Ordóñez describió el Consenso como "una declaración política de 47 Estados" y resumió su alcance: "No tiene efectos jurídicos, tiene efectos políticos". Añadió que los firmantes reconocen "que no existe un derecho internacional al aborto y que los Estados no tienen la obligación de promoverlo o facilitarlo".

El diplomático precisó que "los temas jurídicos se definen de acuerdo a las normas y a los procedimientos establecidos en cada ordenamiento jurídico". En su intervención ante la OEA, Ordóñez señaló además que la política exterior del Gobierno se apoya en la fe, en "la familia como núcleo fundamental de la sociedad", en el imperio de la ley y en la lucha contra la criminalidad y la corrupción.

Sin cambios en la ley colombiana

La Cancillería insistió, también a través de su cuenta en X, en que la adhesión no altera por sí misma la legislación nacional ni la jurisprudencia. En Colombia sigue vigente la sentencia C-055 de 2022, con la que la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Después de ese plazo, el procedimiento continúa permitido en tres causales: riesgo para la vida o la salud de la mujer, malformaciones del feto incompatibles con la vida y embarazo producto de violencia sexual.

Según la Cancillería, la decisión se enmarca en la política exterior del Gobierno, orientada a ampliar alianzas internacionales y a una cooperación basada en la soberanía nacional.

Una entrada, una salida y un regreso

No es la primera vez que el país firma el documento. Colombia se adhirió en mayo de 2022, al final del gobierno de Iván Duque, cuando Ordóñez también era embajador ante la OEA. Ese mismo año, el 22 de agosto, el Gobierno de Gustavo Petro se retiró mediante una nota firmada por el Viceministerio de Asuntos Multilaterales.

El regreso coincide con otro movimiento en la diplomacia multilateral: en la última jornada de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Colombia se desmarcó del concepto de "derechos sexuales y reproductivos" incluido en la resolución L.34, sobre el derecho al agua y al saneamiento. El encargado de la delegación, Álvaro Ayala, argumentó que se trata de un lenguaje que no está "universalmente acordado".

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué es el Consenso de Ginebra al que Colombia se adhirió?

Es una declaración política impulsada en 2020 por 47 Estados que sostiene que no existe un derecho internacional al aborto y que las políticas sobre este tema son decisiones soberanas de cada país.

¿Quién formalizó el regreso de Colombia a esta declaración?

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, a través de la Cancillería y el embajador Ordóñez, oficializó la adhesión en Washington.

¿Qué implicaciones tiene la adhesión de Colombia al Consenso de Ginebra para la legislación nacional?

La Cancillería aclaró que esta decisión no modifica la legislación colombiana ni las sentencias de las altas cortes, manteniendo vigente la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación.