Procuraduría abrió investigación por presuntos pagos irregulares en la obra del comando de Policía de Sabanalarga

Quiénes son las investigadas

La decisión, conocida este viernes, fue adoptada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, la dependencia del Ministerio Público encargada de vigilar la legalidad de los contratos celebrados con recursos públicos.

La investigación vincula a dos personas. La primera es Ana María Navarro Mora, servidora de la Gobernación del Atlántico, quien actuó como supervisora del contrato; es decir, la funcionaria responsable de verificar, en nombre del departamento, que el contratista cumpliera lo pactado antes de autorizar los pagos.

La segunda es Osiris Georgina Suárez Molina, representante legal del consorcio que ejecutó la obra. Aunque no es servidora pública, la Procuraduría la vincula como "particular en ejercicio de funciones públicas", una figura que permite al órgano de control disciplinar a personas privadas cuando, por un contrato o una delegación, cumplen tareas propias del Estado.

Qué se investiga

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio Público y recogida por medios regionales, el proceso busca establecer si hubo irregularidades en el desarrollo, la ejecución y la supervisión del contrato, correspondiente a la vigencia 2024.

En concreto, la Procuraduría verificará tres posibles conductas: si se autorizaron o efectuaron pagos sin que se hubieran cumplido los objetos contractuales; si se pagaron dos veces algunos costos, y si con recursos públicos se cancelaron ítems que, según el contrato, correspondían a obligaciones propias del contratista.

Hasta el momento, en la información pública no se han precisado el valor del contrato investigado, el nombre del consorcio ni las fechas exactas de los desembolsos cuestionados.

Una obra clave para la seguridad del departamento

El comando de Policía de Sabanalarga fue concebido como una sede estratégica para el Atlántico. Según informó El Heraldo en junio de 2024, la primera fase de la edificación entró en funcionamiento con la presencia del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez; el director de la Policía, general William Salamanca, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

En esa ocasión se anunció que la sede albergaría a más de 250 uniformados y cubriría los 18 municipios del departamento que no hacen parte del área metropolitana de Barranquilla. También se informó que concentraría especialidades como la Sijín, el Gaula, Tránsito, Carabineros, el Grupo de Operaciones Especiales y la Policía de Infancia y Adolescencia, con una inversión reportada de $25.717 millones.

En qué etapa está el proceso

La apertura de una investigación disciplinaria es una etapa inicial. En esta fase, el órgano de control recauda pruebas para determinar si las conductas ocurrieron, si constituyen falta disciplinaria y quiénes serían los responsables.

Por ello, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. Las investigadas podrán ejercer su derecho de defensa, rendir versión libre y aportar pruebas.

La decisión no implica, por ahora, responsabilidad disciplinaria alguna. Si las pruebas lo sustentan, la Procuraduría podría formular pliego de cargos —el equivalente a una acusación formal en el ámbito disciplinario— y, posteriormente, emitir un fallo que podría ser sancionatorio o absolutorio. En caso contrario, el expediente sería archivado.

Además, si durante la investigación se advierten posibles daños al patrimonio público o conductas con relevancia penal, el órgano de control podría compulsar copias a la Contraloría o a la Fiscalía General de la Nación, entidades encargadas de establecer la responsabilidad fiscal y penal, respectivamente.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué entidad inició la investigación y por qué motivo?

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria por presuntos pagos irregulares en el contrato de construcción del comando de Policía de Sabanalarga. Se busca establecer si hubo pagos anticipados, cobros dobles o desembolsos indebidos.

¿Quiénes son las personas investigadas en este caso?

Las investigadas son Ana María Navarro Mora, supervisora del contrato por parte de la Gobernación del Atlántico, y Osiris Georgina Suárez Molina, representante legal del consorcio contratista.

¿En qué etapa se encuentra el proceso de investigación?

La apertura de la investigación disciplinaria es una etapa inicial donde el órgano de control recauda pruebas para determinar si las conductas ocurrieron y si constituyen una falta disciplinaria. Las investigadas podrán ejercer su derecho a la defensa.