En la tarde de este jueves 7 de diciembre de 2023 se desarrolla la audiencia virtual en la Cámara de Comercio de Medellín donde tres árbitros definirán el futuro de la billonaria demanda que Hidroituango interpuso contra EPM por los daños generados durante la contingencia del mes de abril de 2018.
La demanda que está por un valor de $1.123.476’754.237 busca resarcir las pérdidas generadas a partir del taponamiento del tercer túnel de desviación del río Cauca que desencadenó la crisis más fuerte que ha soportado el megaproyecto de ingeniería y que puso en riesgo la vida de los habitantes aguas abajo. Vale recordar que esta situación obligó a que el agua fuera desviada por la Casa de Máquinas que ya tenía avances considerables en su interior.
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De acuerdo con el portal asuntoslegales.com.co, el pleito que lleva varios años de conciliaciones, apelaciones y demás, podría prorrogarse después de la audiencia de esta tarde. En 2021, por ejemplo, hubo una conciliación extrajudicial entre las partes que no tuvo éxito; pero que sí tuvo la participación de la Procuraduría, la Contraloría y la Agencia de la Defensa Jurídica del Estado.
«La contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango, considerado la infraestructura energética más importante realizada en Colombia durante las últimas tres décadas, genera la obligación en cabeza de los contratistas de responder ante la sociedad y, a su vez, para EPM de poner en conocimiento estos hechos ante las autoridades competentes y cumplir al país con las obligaciones de energía en firme a través de su portafolio de generación de energía eléctrica», señaló EPM en un comunicado de agosto de 2020.
En el litigio y tras asumir los sobrecostos y la críticas por la situación, EPM y la Alcaldía de Medellín en cabeza del cuestionado exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle decidieron demandar a constructores, diseñadores, interventores y demás involucrados en la problemática por un valor que ronda los $9,9 billones, teniendo en cuenta los sobrecostos del proyecto. Sin embargo, esa demanda fue inadmitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Es importante aclarar que los árbitros que tienen en sus manos la decisión no son empleados de la Cámara de Comercio, pero sí están adscritos en el centro de arbitraje de la entidad y para este caso, está conformado por la exministra de justicia y exconsejera de Estado, Ruth Stella Correa, y los abogados Jaime Humberto Tobar Ordóñez y Fernando Pabón Santander.
También vale aclarar que, quien salga perdedor en el veredicto de esta tarde, puede acudir a una instancia de apelación que podría durar alrededor de dos años. Entre los argumentos de la demanda de Hidroituango contra EPM, está incluida la demora en los tiempos de ejecución generados por la contingencia arriba mencionada y el incumplimiento en las fechas ya establecidas de los hitos 7, 8 y 9 en el contrato Boomt, que fue firmado en marzo de 2021.
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Finalmente, vale recordar que la Sociedad Hidroeléctrica de Ituango tiene una composición accionaria que incluye un 50,7 % del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), el 2,14 % por parte de la Gobernación de Antioquia, y un 46,3 % de EPM.
Para Hidroituango, EPM es responsable de los retrasos registrados en las obras del proyecto debido a la orden de «iniciar y ejecutar la construcción de unas obras de desviación del río Cauca sin estructuras de control para acelerar el proceso, cuando podía acordar con Hidroituango las modificaciones al Cronograma Director, y nuevas fechas de cumplimiento, sin asumir un riesgo altamente perjudicial para el proyecto, y excesivamente cosotoso, que Hidroituango no está obligada legal ni contractualmente a asumir».
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