Gobernación de Antioquia anuncia demanda contra EPM por incumplimiento en contrato de Hidroituango

La Gobernación de Antioquia, bajo la dirección de Aníbal Gaviria, ha dado a conocer su decisión de presentar una demanda contra Empresas Públicas de Medellín (EPM) debido a lo que consideran un incumplimiento del contrato Boomt relacionado con el proyecto Hidroituango.

Este anuncio llega tras una serie de desacuerdos y tensiones en torno a la ejecución y gestión del contrato Boomt, que establece las reglas para la construcción, operación, posesión y mantenimiento de la hidroeléctrica Hidroituango. Este contrato fue firmado el 30 de marzo de 2011 entre la Sociedad Hidroituango y EPM.

La Gobernación de Antioquia argumenta que existen motivos para iniciar una demanda por desequilibrio económico y financiero en relación con el contrato mencionado. En una carta oficial, expresaron su preocupación por la evaluación negativa de EPM sobre el Valor Presente Neto (VPN) de Hidroituango y propusieron una solución que implicaría la terminación anticipada del contrato Boomt.

En este escenario, EPM cedería sus acciones en la Sociedad Hidroituango a la Gobernación de Antioquia, permitiendo que la sociedad continúe operando el proyecto. Además, se sugiere que esto pondría fin a las demandas presentes y futuras en el tribunal de arbitramento.

Sin embargo, en caso de que EPM no acepte esta propuesta, la Gobernación de Antioquia advierte que buscarán la mediación de la Procuraduría General de la Nación para iniciar un proceso de conciliación justo dentro del Tribunal de Arbitraje, sin que esto detenga su curso actual.

Cabe mencionar que el acuerdo original establecía que EPM estaría a cargo de la operación de Hidroituango durante 50 años. A falta de un entendimiento, la Gobernación de Antioquia se ve en la obligación de tomar acciones legales, lo que ha generado una respuesta por parte del Gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, quien expresó su preferencia por la conciliación pero afirmó que, de no Ser posible, la empresa está preparada para enfrentar el proceso legal, aunque considera que esto representaría un gasto innecesario de recursos públicos tanto para el departamento como para EPM. La situación continúa desarrollándose y será motivo de seguimiento en los próximos meses.