Ayer, IFMNOTICIAS.COM publicó un video realizado por el Sindicato de Profesionales de EPM y UNE, SINPRO, el sindicato mayoritario de las Empresas Públicas de Medellín, en el que se alertó sobre los riesgos que corre HidroItuango por cuenta de las decisiones de la demanda en contra de los constructores de la hidroeléctrica.
En los apartes del video, se advierte que las demandas podrían salirle caro no solo a los constructores sino a las Empresas Públicas de Medellín, pues terminarían pagando mucho más dinero por cuenta de las repercusiones que tiene la posible parálisis de las obras de la hidroeléctrica al presentarse demandas debido al retraso en el inicio de operación. Además, dichos procesos judiciales podrían poner en riesgo la estabilidad energética del país.
Las advertencias del video tienen sustento en los acontecimientos que se veían venir, luego que ayer llegara la notificación a Integral, una de los constructoras de la obra, a quien se le embargan las cuentas con un auto de la Contraloría General de la República con fecha del 12 de abril.
Procesos en curso
Las investigaciones de la contraloría son independientes a las demandas y comenzaron desde 2018 tras el accidente sufrido con el derrumbe que generó la crisis en HidroItuango. Tras denuncias de las veedurías, la contraloría avanzó en las investigaciones, siendo en noviembre de 2020 cuando comenzó a buscar a los responsables de este infortunado suceso.
Las demandas contra los constructores, que van en sentido judicial, fueron tomadas en cuenta en la investigación de la contraloría, que decidió emitir medidas cautelares por 4.1 billones de pesos y vincular como responsables fiscales a 28 personas entre exalcaldes, exgerentes de EPM y personas que tomaron decisiones, comenzando además con las empresas vinculadas a la construcción.
Los autos llegarán hoy a todas y cada una de las empresas del consorcio constructor, lo que pondría en riesgo la continuidad de las obras, es decir, paralizaría el proceso de construcción y con ello, retrasaría la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica, terminando por lesionar es a EPM quien tendrá que responder por lo que todo esto conlleva.
La torpe jugada de la demanda a los constructores emprendida por el alcalde de Medellín Daniel Quintero y EPM, pone además en riesgo la seguridad energética del país al retrasar la fecha de generación de energía en el proyecto, lo que llevará a las Empresas Públicas de Medellín a tener que hacer gastos adicionales para comprar la energía que se comprometió a generar con dicha obra.
Tras ello, llegarán las demandas a EPM por incumplir los compromisos de generación a tiempo y por no tener finalizada la obra para las fechas estipuladas, sin contar los gastos jurídicos que se generarán con este proceso. Todo esto podría superar el valor pretendido por el Alcalde en la demanda, y podría también en riesgo la estabilidad económica de EPM.
La cascada de problemas para EPM generada por el alcalde Quintero y su demanda, será mayor cuando se deba invertir en la manera de tratar de reactivar la obra, pues con el embargo a las cuentas de los constructores estos se quedan sin oxígeno para operar, teniendo que paralizar las obras por fuerza mayor en medio de un contrato vigente.
Así las cosas, vendría la exploración de vías jurídicas para buscar un nuevo constructor y la manera de poder pasar por encima del contrato actual, con el lío jurídico que supone y los tiempos que puede llevar.
El tema es de abogados, quienes se encuentran reunidos para defender la posición de los constructores quienes harán valer, provisionalmente, los seguros vigentes para evitar que las obras no se paralicen. Pero todo parece indicar que como la orden proviene de la Contraloría y no de un juez, no aplicarían los seguros.
Con los embargos, los constructores se quedan sin dinero y apalancamiento financiero para trabajar, llevando a una inminente parálisis de las obras.
Pero la repercusión puede ser aún más grave y terminar con el embargo a las Empresas Públicas de Medellín, pues es EPM la que ostenta el título de constructora de la hidroeléctrica y CCC, quienes están siendo notificados de los embargos en una primera etapa, son solo los contratistas de la misma. Y como la orden de la contraloría es “embargar las cuentas de todos y cada uno de los constructores”, la demanda involucraría invariablemente a EPM.
Es decir, el embargo de cuentas como consecuencia de la demanda de EPM al consorcio constructor, podría terminar embargando a EPM.
Las fuentes de la contraloría explican que si bien su actuación es independiente y está por fuera de la demanda, las acciones emprendidas nacen precisamente de la labor que por oficio les corresponde justo por haberse producido la demanda. Quiere decir que, si bien los embargos no provienen de juez alguno ni son directamente relacionados con la demanda, sí nacen de la misma.
El responsable de todo lo que ocurra de aquí en adelante es el alcalde de Medellín, quien con sus acciones poco calculadas en compañía de su equipo de jurídicos, no pudo prever las consecuencias e impactos que muchos sí vieron y advirtieron.
Por su parte Empresas Públicas de Medellín, se pronunció sobre el tema en un comunicado en el que expresa:
“En medios de comunicación se ha informado que a Integral S.A., y posiblemente a los demás contratistas de EPM en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, les fueron embargadas sus cuentas por la Contraloría General de la República, en el marco del proceso de responsabilidad fiscal adelantado por dicho órgano de control, en el que se relacionan como presuntos responsables.
EPM no es parte en tales procesos y no ha recibido notificación, ni se le han embargado sus cuentas. De acuerdo con lo anterior, EPM en este momento no está en capacidad de informar si tales medidas tienen algún efecto para la empresa o para el proyecto”.
Las constantes advertencias que se hicieron en el pasado sobre que demandar a los constructores de la obra de HidroItuango significaba “darse un tiro en el pie”, parece que se cumplirán. Ya lo advierte SINPRO y lo que se avecina de mantenerse la decisión de embargo a las cuentas de los constructores, sería el comienzo de mayores problemas para la ya afectada estabilidad económica y jurídica de una de las empresas más queridas por los antioqueños.
