El Vicepresidente de Asuntos Legales de Empresas Públicas de Medellín, Alexander Sánchez Pérez, dejaría en los próximos días su cargo y cambiaría a una nueva función al interior de la empresa.
Según conoció IFMNOTICIAS.COM el Sánchez se le ha convertido en un problema mayúsculo al alcalde Daniel Quintero, quien si bien le ha dado su respaldo en público, ha sostenido varias reuniones con miembros de su equipo, para buscar una alternativa para dar solución a las situaciones el Vicepresidente ha generado, principalmente con su equipo de abogados; los mismos que enviaron una carta a la Gerente General encargada, Mónica Ruiz Arbeláez, y que ha recibido el apoyo y respaldo de los directivos de EPM, los sindicatos, extrabajadores, concejales y ciudadanos.
La situación que ha propiciado Sánchez no ha sido fácil de resolver, pues despedirlo directamente como es el deseo de sus subalternos y quienes los respaldan, es complejo; entre otras, según dicen en el piso 12 de la alcaldía, generaría un mal mensaje al ceder a la presión de los trabajadores y en ningún momento quieren dar a entender que pierden el control; pero al mismo tiempo deben moverlo para que la situación no se haga mas grave e igualmente, se salga de contol.
Es así como en medio de las reuniones, se ocurrió una fórmula que esperan de resultado y que si no funciona, pues les permitirá despedirlo de manera directa, sin tener que pasar por pedir autorización a la junta; para ello crearon un cargo que no existe y que ajustaron a la medida de Sánchez y que lo deja al control directo de la Gerente General, sin que tenga personas a su cargo: Asesor de la Gerencia en Asuntos Jurídicos.
Cuentan desde la Alcaldía que su encargo sería para apoyar a la gerente en el monitoreo y toma de decisiones con respecto a HidroItuango y las demandas interpuestas, algo que, sin duda, es del conocimiento pleno de quien redactó las demandas que ahora cursan.
Uno de los criterios que llevó a que se tomara en cuenta esa fórmula, era la de hacer más fácil un potencial despido en el futuro para que no pase lo que ahora ocurre con el exgerente Álvaro Guillermo Rendón, en el sentido de que para despedirlo se debió realizar un debido proceso con evaluaciones, consultas y decisión de la Junta Directiva; lo que en este momento, tiene en los estrados judiciales un proceso de pruebas técnicas extrapoceso para establecer si da pie a una demanda por la mala manera en la que fue declarado insubsistene.
Y es que en esos niveles, el Gobierno Corporativo de EPM es muy claro y obliga a que si un vicepresidente o el mismo gerente va a ser despedido, se debe pasar por una serie de evaluaciones que involucra la valoración de sus propios compañeros entre otros criterios; por lo que despedir del cargo a Sánchez, salvo que sea él quien renuncia, no es opción. En en ese marco que se crea el nuevo cargo de Asesor, lo que permite, por demás, que cambie el contrato y que en un eventual caso de que tampoco funcione en esa posición, pues que puedan tomarse medidas directas sin pasar por ese procedimiento y sin que quede mal el alcalde. En otras palabras, el futuro de Sánchez en EPM queda exclusivamente en manos de Mónica Ruiz, Gerente de la empresa.
Las fuentes no pudieron explicar si este cargo de asesor que le darán a Sánchez, fue concertado con la gerente Mónica Ruiz o si le fue impuesto, tampoco pudieron precisar y el actual Vicepresidente de Asuntos Jurídicos lo aceptará o si en el nuevo cargo, le dejarán la coordinación de los buffetes externos contratados; lo que si es cierto, es que buscarán que el salto de Vicepresidente a Asesor de Gerencia, se de en los próximos días si es que acepta, porque al día de hoy, Sánchez no ha firmado, aunque envió un correo en el que dice que acepta el nuevo cargo y ya se envió la orden y la logística para el traslado.
A propósito de las demandas interpuestas por EPM contra el consorcio constructor y cuya guía de los mismos fue dada por el abogado Alexander Sánchez como Vicepresidente; un sufrió un primer y gran revés, luego que El Tribunal Administrativo de Antioquia inadmitió la demanda contra los constructores de Hidroituango, porque la misma no cumplía con los requisitos procedimentales mínimos, al tener inconsistencias; según se dio a conocer por parte del entre jurídico.
Según el documento del Tribunal en el que notifica la inadmisión, en la demanda hay errores tan básicos como que se debió “aportar prueba de la existencia y representación legal de las entidades demandadas, que pese a informarse en la demanda que se anexan, no aparecen los CD’s entregados en la Secretaría de la corporación”.
La inadmisión es subsanable con la corrección de los elementos faltantes, pero deja la sensación de que la misma no empezó como se espera para lo que es el tamaño de la demanda: 9,9 billones de pesos. Ahora corren 10 días para que se puedan corregir los errores iniciales encontrados en la demanda, y eso que solo se ha revisado de forma, todavía no de fondo.
