(ESPECIAL) El 'libro de la verdad' que expuso irregularidades y desfalcos en el gobierno anterior
El "Libro de la Verdad", presentado por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, denuncia presuntos desfalcos y falta de transparencia en el gobierno anterior, señalando a altos funcionarios de control por inacción.
El documento denominado el "Libro de la Verdad", presentado por los abogados Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, ha puesto en el centro del debate público una serie de graves acusaciones sobre presuntos desfalcos y una marcada falta de transparencia en la administración gubernamental anterior.
Este informe, que detalla un presupuesto anual de 400 billones de pesos, sugiere que una parte significativa de estos recursos habría sido malversada o ejecutada de manera deficiente, generando un profundo impacto en las finanzas y la gestión pública del país.
El "Libro de la Verdad" no solo se limita a enumerar las supuestas irregularidades, sino que también señala directamente a altos funcionarios de los organismos de control.
Únete al canal de WhatsApp de IFMNOTICIAS para estar informado de manera oportuna y con detalle. IFMNOTICIAS · Información de VerdadUnirmeSegún la tesis central del documento, la fiscal Luz Adriana Camargo, el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el procurador Gregorio Eljach estaban al tanto de las presuntas acciones de "saqueo" y, a pesar de ello, no habrían tomado las medidas necesarias para detenerlas.
Esta inacción, de acuerdo con los autores del libro, los convertiría en cómplices de los hechos denunciados, por lo que se solicita una investigación exhaustiva sobre su papel. Adicionalmente, el informe alerta sobre el borrado de la trazabilidad contable, lo que dificultaría el rastreo de los movimientos financieros y la identificación de responsabilidades.
El "Libro de la Verdad" desglosa varios casos específicos que, según sus autores, ilustran la magnitud de las presuntas irregularidades:
El ministerio de la igualdad: un gasto sin rastro contable
Uno de los puntos más críticos del informe se centra en el Ministerio de la Igualdad. De un presupuesto asignado de 2,01 billones de pesos para el periodo 2022-2025, se denuncia que 1,77 billones de pesos, lo que representa un alarmante 87,8% del total, fueron gastados sin dejar un rastro contable claro. Esta cifra plantea serias dudas sobre la gestión de los recursos y la transparencia en las operaciones de una entidad clave para la política social del país.
La unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres (ungrd): baja ejecución y fondos sin justificar
La UNGRD, entidad encargada de la respuesta a emergencias y desastres, también es objeto de escrutinio. El libro revela que, de los 15,3 billones de pesos recibidos para el periodo 2022-2026, la ejecución real fue de apenas el 4,3%. Más preocupante aún, se señala que los estados financieros de 2024 no son razonables, con 1,29 billones de pesos sin justificar. El informe subraya un incidente particular: el 10 de agosto, día de un terremoto, la entidad habría declarado no tener caja para atender la emergencia, a pesar de los cuantiosos recursos asignados.
La guajira: contratos sin resultados visibles para la niñez
En la región de La Guajira, se destinaron 1,78 billones de pesos para programas de niñez a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El informe detalla la suscripción de 1.085 contratos, pero lamenta la ausencia de resultados visibles en la atención de 350.000 niños, lo que sugiere una ineficacia en la ejecución de los programas y un posible desvío de recursos.
Reforma agraria: predios sin escrituras y baja formalización
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) pagó 979.000 millones de pesos a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por la adquisición de 537 predios. Sin embargo, el "Libro de la Verdad" advierte que, a junio de 2026, solo tres de estos predios contaban con escritura pública. De las 557.736 hectáreas entregadas, apenas el 7% tiene registro de propiedad, lo que evidencia un grave retraso en la formalización de la tierra y la implementación de la reforma agraria.
Vías terciarias: un avance mínimo en caminos comunitarios
El programa Caminos Comunitarios para la Paz tenía como meta la construcción o mejoramiento de 33.102 kilómetros de vías terciarias. No obstante, el informe indica que solo se ejecutaron 4.087 kilómetros, lo que representa un 12,3% del objetivo, a pesar de giros por 714.000 millones de pesos. Esta baja ejecución contrasta con la necesidad urgente de infraestructura vial en las zonas rurales del país.
Salud: intervención de eps y sistema desfinanciado
El sector salud también presenta un panorama preocupante. Se intervino a ocho Entidades Promotoras de Salud (EPS) que atendían a 28,7 millones de afiliados, generando 1,5 millones de quejas. El informe subraya la desfinanciación del sistema. Específicamente, la Nueva EPS, una de las más grandes del país, habría gastado más de 14 billones de pesos sin presentar estados financieros claros, lo que impide conocer el destino de estos recursos.
Fuerzas armadas: déficit presupuestario y aeronaves inoperativas
Las Fuerzas Armadas enfrentan un déficit de 14 billones de pesos. El "Libro de la Verdad" revela que solo el 52% de las 386 aeronaves del componente aéreo se encuentran operativas, lo que compromete la capacidad de defensa y seguridad del Estado.
Ecopetrol: caída en la producción y reservas de gas
En el ámbito energético, Ecopetrol registró una caída en su producción a 712.000 barriles por día, la cifra más baja en los últimos cinco años. A esto se suma una disminución en las reservas de gas, lo que podría tener implicaciones significativas para la soberanía energética del país.
El "Libro de la Verdad" presenta un panorama sombrío de la gestión gubernamental anterior, caracterizado por lo que sus autores describen como "robo y falta de ejecución".
Los denunciantes calculan que el monto de lo presuntamente sustraído o mal ejecutado anualmente equivaldría al doble del costo de reconstrucción del terremoto de agosto, estimado en 30 billones de pesos.
Estas acusaciones, de ser confirmadas, tendrían profundas implicaciones para la confianza pública y la institucionalidad del país, y exigen una pronta y rigurosa investigación por parte de las autoridades competentes.
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