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Supersociedades avaló reorganización de OMA y fijó plan de pago a una década para deuda millonaria

La Superintendencia de Sociedades confirmó la aprobación del acuerdo de reorganización empresarial de Restcafé S.A.S., compañía operadora de la cadena OMA, luego de que la propuesta obtuviera el respaldo mayoritario de sus acreedores.

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Supersociedades avaló reorganización de OMA y fijó plan de pago a una década para deuda millonaria
Foto: Cortesía

La decisión, adoptada en audiencia pública, habilita la ejecución de un esquema financiero orientado a reestructurar obligaciones cercanas a los $76.000 millones de pesos.

De acuerdo con la entidad, el acuerdo alcanzó el 76,3% de aprobación entre los acreedores calificados y graduados, cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente en materia de insolvencia empresarial. Este resultado permitió consolidar el proceso y avanzar en la implementación del plan de reorganización bajo supervisión de la autoridad competente.

El mecanismo contempla un plazo de diez años para el pago de las obligaciones, lo que redefine la estructura financiera de la empresa y establece un cronograma de cumplimiento a mediano y largo plazo. Como parte del ajuste, también se excluyeron créditos por aproximadamente $38.000 millones de pesos, tras la validación de un acreedor, lo que modificó el monto total inicialmente considerado dentro del proceso.

Según lo informado por la Superintendencia, la reorganización se desarrolló conforme a los procedimientos establecidos, garantizando el respeto por la prelación de créditos y los derechos de los acreedores involucrados. La entidad precisó que este tipo de herramientas jurídicas permite mantener la operación de empresas en dificultades financieras sin acudir a escenarios de liquidación.

El acuerdo tiene efectos directos sobre la operación de la compañía. La decisión garantiza la continuidad de 86 puntos de venta en el país y la preservación de 477 empleos directos asociados a la actividad de Restcafé S.A.S., empresa constituida en 1993 y dedicada a la comercialización de alimentos, así como a la operación de cafeterías y restaurantes.

La Superintendencia destacó que el proceso se enmarca dentro del régimen de insolvencia empresarial, el cual busca facilitar la recuperación de las compañías mediante la reorganización de sus pasivos, bajo condiciones de seguridad jurídica. En este caso, la validación del acuerdo se sustentó en el cumplimiento de las mayorías exigidas y en la verificación de los requisitos legales correspondientes.

Antes de la exclusión de parte de las obligaciones, el volumen de pasivos evidenciaba la dimensión del ajuste requerido para estabilizar la situación financiera de la empresa. La redefinición del acuerdo permitió establecer condiciones más manejables para el cumplimiento de los compromisos adquiridos, sin afectar la estructura operativa.

En paralelo, la entidad informó sobre otro proceso en curso dentro del mismo sector. La audiencia de reorganización de Franquicias y Concesiones S.A.S., operadora de la marca Presto, fue suspendida temporalmente debido a una acción de tutela interpuesta por un acreedor. La medida fue ordenada por un juez en atención a la presunta vulneración del derecho de petición, lo que detuvo el avance del trámite hasta que exista una decisión de fondo.

El proceso de Presto contempla la reestructuración de deudas por más de $47.000 millones de pesos y un esquema de pago proyectado a siete años, una vez se supere la contingencia judicial. Actualmente, esta compañía mantiene la operación de 118 puntos de venta y cuenta con 683 empleados.

Ambas empresas iniciaron sus procesos de reorganización en julio de 2023, en un contexto marcado por presiones económicas como el incremento de la inflación, la reducción del consumo y el aumento en los costos de insumos. Estos factores incidieron en la liquidez y en la capacidad de cumplimiento de sus obligaciones financieras.

En conjunto, los procesos adelantados por OMA y Presto reflejan la utilización de mecanismos concursales para reestructurar pasivos y mantener la actividad empresarial. La decisión adoptada en el caso de Restcafé S.A.S. permite avanzar en la ejecución del acuerdo aprobado, bajo los parámetros definidos por la normativa vigente.

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