Gremios de seguridad privada cuestionaron anuncio sobre suspensión de licencias y alertaron efectos en el sector

El pronunciamiento se da sobre la suspensión de licencias de funcionamiento a 31 empresas por una “presunta infiltración criminal”, una medida que, según señalan, ha generado impactos inmediatos en la actividad económica y operativa del sector.

El comunicado, suscrito por la Asociación Colombiana de Empresas de Seguridad y la Confederación Nacional del Gremio de Seguridad Privada, plantea cuestionamientos sobre la forma en que se divulgó la información y el alcance de las decisiones anunciadas, al tiempo que insiste en la necesidad de que los procesos administrativos se desarrollen conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente.

En el documento, los gremios reconocen que la actividad de vigilancia privada está sujeta a inspección, control y vigilancia por parte del Estado, función que recae en la Superintendencia. En esa línea, expresan respaldo a las acciones dirigidas a corregir irregularidades o conductas contrarias a la ley. Sin embargo, subrayan que cualquier eventual incumplimiento debe ser determinado de manera individual, en el marco de procedimientos formales y con garantías para las empresas involucradas.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento se refiere a la forma en que se comunicó la “presunta infiltración criminal” en el sector. Según los gremios, la utilización de esta expresión sin una individualización de responsabilidades puede dar lugar a interpretaciones que afectan no solo a las empresas mencionadas, sino a la totalidad de las organizaciones que operan en esta actividad. En ese sentido, advierten que se pueden generar afectaciones reputacionales que trascienden los casos específicos.

El comunicado también hace énfasis en el marco normativo que regula al sector, mencionando disposiciones como el Decreto Ley 356 de 1994, el Decreto 2355 de 2006 y la Resolución 2946 de 2010. De acuerdo con lo expuesto, estos instrumentos establecen un procedimiento que incluye etapas como visitas de inspección, elaboración de actas, formulación de cargos, notificación y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa mediante la presentación de descargos, antes de la adopción de decisiones en firme.

En ese contexto, los gremios señalan inquietudes frente a si dichas etapas fueron agotadas en los casos anunciados, especialmente en situaciones en las que, según indican, algunas empresas habrían conocido las decisiones a través de medios de comunicación y no mediante los canales formales previstos. Este aspecto, advierten, podría comprometer principios asociados al debido proceso y a las garantías fundamentales.

Adicionalmente, el pronunciamiento advierte sobre los efectos que, según los gremios, ya se estarían presentando como consecuencia de los anuncios públicos. Entre ellos, mencionan la afectación comercial, la pérdida de clientes y el impacto en la estabilidad laboral de trabajadores vinculados a las empresas del sector. En este punto, resaltan que se trata de una actividad que agrupa a más de 800 compañías en el país, por lo que cualquier señalamiento generalizado tiene alcance amplio.

Los representantes del sector también solicitan a las autoridades y a los medios de comunicación actuar con responsabilidad en el manejo de la información relacionada con estas medidas, evitando lo que califican como procesos de estigmatización generalizada. En el mismo sentido, insisten en que los hechos conocidos corresponderían a una parte reducida del universo de empresas, por lo que plantean la necesidad de mantener el debate en términos proporcionales.

El documento incluye un llamado a que las actuaciones administrativas se desarrollen dentro del marco institucional y con respeto por las garantías constitucionales, reiterando el compromiso del sector con la legalidad, la transparencia y la prestación del servicio de seguridad privada en el país.

El pronunciamiento se produce en medio de la difusión de las medidas adoptadas por la Superintendencia, que han sido replicadas en distintos espacios informativos y que han puesto en el centro del debate el funcionamiento, la supervisión y los controles sobre las empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia.

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