Canacol solicitó cancelar contratos de gas en Colombia en medio de proceso de reorganización financiera
Canacol Energy solicitó ante el Tribunal del Banco del Rey de Alberta, en Canadá, autorización para cancelar varios contratos de suministro de gas natural vigentes en Colombia, ante el proceso de reorganización financiera que inició a finales de 2025.
La petición hace parte del procedimiento de insolvencia que la empresa adelanta tras reportar dificultades de liquidez. Los contratos en cuestión corresponden a acuerdos firmados en años anteriores para garantizar el abastecimiento de gas en procesos industriales, así como para cubrir la demanda de hogares y comercios en distintas regiones del país.
No obstante, la eventual cancelación de estos acuerdos no dependerá únicamente de la decisión del tribunal canadiense. En Colombia, el proceso deberá ser evaluado por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, entidad encargada de supervisar este tipo de actuaciones dentro de los procesos de insolvencia empresarial. Cualquier determinación adoptada en el exterior deberá ser incorporada al expediente local y someterse al trámite correspondiente.
La solicitud de Canacol se produce en un contexto en el que la empresa mantiene una participación cercana al 7 % en la producción nacional de gas, ubicándose como el segundo mayor productor del país, por detrás de Ecopetrol. Esta posición dentro del mercado ha llevado a que la eventual terminación de contratos genere atención entre actores del sector energético.
Entre las compañías vinculadas a estos acuerdos se encuentran firmas del sector industrial y distribuidoras de gas. Dentro de estas, se mencionan Cerro Matoso, así como empresas de distribución como Surtigas, Gases del Caribe, Gases de La Guajira, Petromil Gas y Gases del Oriente, además de Enel Colombia. Estos contratos han sido utilizados para garantizar el suministro de gas en distintas operaciones productivas y de distribución.
De acuerdo con información conocida sobre el proceso, la eventual terminación de estos acuerdos implicaría que las empresas involucradas deban buscar alternativas de abastecimiento, incluyendo la importación de gas natural. En el país, la capacidad de regasificación se concentra en la planta SPEC ubicada en Cartagena, cuya disponibilidad se encuentra en gran parte comprometida para atender la demanda de generación térmica en la región Caribe.
El proceso de reorganización de Canacol se inició en noviembre de 2025, luego de que la compañía reportara una reducción en su producción y ventas de gas. Según reportes de seguimiento, la empresa registró una caída en su producción desde 185,6 millones de pies cúbicos por día en 2023 hasta niveles cercanos a 123,1 millones en el tercer trimestre de 2025. Posteriormente, las cifras han continuado descendiendo, situándose alrededor de los 80 millones de pies cúbicos diarios, de acuerdo con informes de monitoreo independiente.
Dentro del proceso de insolvencia, la empresa también ha adelantado gestiones relacionadas con la búsqueda de inversionistas o compradores para sus activos. En este contexto, se conoció que Ecopetrol firmó un acuerdo de confidencialidad en 2025 con el fin de evaluar posibles alternativas frente a la situación de la compañía.
Por su parte, la Superintendencia de Sociedades indicó que, hasta el momento, no existe una solicitud formal dentro del expediente local relacionada con la cancelación de contratos de suministro de gas. La entidad precisó que, en caso de presentarse, será analizada conforme a la normativa vigente, incluyendo la Ley 1116 de 2006 y las disposiciones sobre insolvencia transfronteriza.
La autoridad también señaló que decisiones adoptadas por tribunales extranjeros no tienen efectos automáticos en Colombia y deben ser reconocidas dentro del proceso judicial nacional antes de su aplicación. En ese sentido, cualquier modificación contractual deberá cumplir con los procedimientos establecidos en el país.
El desarrollo de este proceso se mantiene bajo seguimiento de las autoridades competentes, tanto en Canadá como en Colombia, mientras continúan las actuaciones relacionadas con la reorganización financiera de la compañía y la evaluación de sus contratos vigentes en el sector energético.

Defensoría reportó 40 eventos de desplazamiento y más de 39.000 personas confinadas en el inicio de 2026.
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