Empresarios y expertos cuestionaron la vía de emergencia para decisiones fiscales del Gobierno

La posibilidad de que el Gobierno Nacional declare una emergencia económica para expedir normas de carácter tributario abrió un nuevo frente de confrontación institucional.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a través de su presidente Bruce McMaster, elevó una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que suspenda cualquier disposición que se emita bajo ese eventual marco excepcional, al considerar que no existen los presupuestos que exige la Constitución.

En la comunicación enviada al alto tribunal, McMaster expuso que la figura de la emergencia estaría siendo utilizada como un mecanismo alterno para implementar medidas fiscales luego del hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.

Desde la óptica del gremio, esta vía no responde a una situación imprevista o extraordinaria, sino a un desenlace político propio del trámite legislativo, lo que ubicaría la decisión por fuera de los límites constitucionales.

El dirigente empresarial señaló que el manejo de los tiempos legislativos no fue accidental. Según su planteamiento, el Ejecutivo llevó la discusión del proyecto hasta el cierre de la legislatura, coincidiendo con la vacancia judicial, escenario que facilitaría la expedición de decretos sin control inmediato.

Esta interpretación fue reforzada, según la ANDI, por declaraciones del ministro del Interior, quien reconoció que la iniciativa no fue tramitada con mayor antelación por instrucciones directas del presidente.

Desde el sector empresarial, la preocupación no se limita al contenido de una eventual reforma tributaria, sino al precedente institucional que implicaría recurrir a poderes excepcionales tras una derrota en el Congreso. McMaster advirtió que el uso reiterado de atajos normativos afecta la relación entre las ramas del poder público y debilita los mecanismos de control previstos en el orden constitucional.

Las críticas no provienen únicamente del ámbito gremial. El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo se sumó al debate al señalar que la declaratoria de una emergencia económica exige la existencia de un hecho sobreviniente, es decir, una circunstancia imprevisible y grave. A su juicio, la decisión del Congreso de archivar una ley no cumple con ese criterio, pues forma parte del funcionamiento regular del sistema democrático.

Ocampo también cuestionó la ausencia de anuncios relacionados con ajustes al gasto público y expresó inquietudes frente a propuestas tributarias que, según explicó, se apartan de prácticas históricas del país, como un eventual incremento del impuesto al patrimonio hasta el 5 por ciento y su extensión a personas jurídicas. En su análisis, estas medidas no han sido acompañadas de una explicación técnica suficiente.

El exministro añadió otro elemento al debate al referirse a una operación de endeudamiento por 6.000 millones de dólares con un solo inversionista, operación que calificó como inusual por su concentración y por las dudas que, según dijo, genera en torno a su marco legal y a las condiciones financieras pactadas.