Fiscalía impone medidas de extinción de dominio a bienes vinculados al caso Centros Poblados

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 23 bienes que estarían relacionados con los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados, uno de los escándalos de contratación más relevantes de los últimos años en el sector público.

De acuerdo con la información oficial, los bienes afectados superan un valor estimado de 65.900 millones de pesos y hacen parte del patrimonio de algunas de las personas investigadas dentro del proceso. Las medidas buscan evitar la disposición, venta o transferencia de los activos mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar su origen y posible relación con los recursos públicos comprometidos en el contrato.

Bienes urbanos, rurales y activos societarios

Las propiedades sobre las que recaen las medidas cautelares incluyen predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios. Según la Fiscalía, estos bienes pertenecerían a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres y Luis Fernando Duque Torres, así como a algunos de sus familiares.

El ente investigador señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para recuperar recursos que, presuntamente, tendrían un origen ilícito o estarían vinculados a maniobras irregulares derivadas del contrato de conectividad adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados. Dicho contrato tenía como objetivo llevar internet a instituciones educativas en zonas apartadas del país, pero terminó siendo objeto de investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.

Medida sobre bien de exministra

Dentro de las decisiones adoptadas, la Fiscalía también aplicó una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de las TIC, Karen Abudinen. Esta actuación se enmarca en el mismo proceso de extinción de dominio y busca establecer si el bien guarda alguna relación con los hechos investigados o con los recursos comprometidos en el contrato.

Desde el ente acusador se ha reiterado que la imposición de estas medidas no implica una declaración de responsabilidad penal, sino una actuación preventiva orientada a proteger el patrimonio público y garantizar que los bienes permanezcan a disposición de la justicia mientras se define su situación jurídica.

Avance del proceso

El caso Centros Poblados continúa bajo investigación en distintas instancias. Paralelamente a las medidas de extinción de dominio, avanzan procesos penales y fiscales para establecer las responsabilidades individuales por las irregularidades detectadas en la ejecución del contrato.

La Fiscalía indicó que las medidas cautelares se mantendrán vigentes mientras se adelantan las etapas correspondientes del proceso judicial, con el fin de evitar la posible pérdida, ocultamiento o transferencia de los bienes investigados. El desenlace del caso será clave para definir eventuales sanciones y la recuperación de recursos públicos comprometidos.