Impacto fiscal en la educación superior: Reforma tributaria eliminaría exención histórica para docentes y rectores

El panorama tributario para los académicos de las instituciones de educación superior pública en Colombia podría enfrentar una transformación radical de aprobarse el nuevo Proyecto de Ley de Rescate Económico. La iniciativa, radicada formalmente ante el Congreso de la República el pasado 29 de octubre por la administración del presidente Abelardo De la Espriella, contempla una serie de ajustes estructurales que buscan un recaudo cercano a los 44 billones de pesos, afectando directamente beneficios que han permanecido vigentes por décadas.

Dentro del extenso articulado de la propuesta, específicamente en el artículo 106, se plantea la derogación de los numerales 7 y 9 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Esta normativa es la piedra angular que rige los ingresos laborales que no están sujetos al impuesto sobre la renta en el país. El numeral 9 es el que genera mayor preocupación en el sector académico, pues es el que faculta a los rectores y docentes de universidades estatales para declarar hasta el 50% de su salario bajo el concepto de "gastos de representación".

Esta prerrogativa, que permite que la mitad de la remuneración no sea gravada, tiene sus raíces en la Ley 75 de 1986. Durante 40 años, este beneficio ha sido exclusivo para los funcionarios de instituciones oficiales, marcando una diferencia sustancial con sus pares de las universidades privadas. Según los lineamientos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), este cálculo se aplica estrictamente sobre el salario básico, dejando por fuera primas u otros emolumentos adicionales.

La reforma no se limita únicamente al sector educativo. El mismo artículo 106 busca eliminar el numeral 7, el cual otorga exenciones similares a otros altos funcionarios del Estado. En este grupo se incluyen los magistrados de tribunal, fiscales y procuradores judiciales, quienes actualmente gozan de una exención del 50%, así como los jueces de la República, que cuentan con un beneficio del 25% sobre sus ingresos.

En el ámbito educativo, las cifras son significativas. Datos proporcionados por el Ministerio de Educación indican que en Colombia existen aproximadamente 173.000 docentes vinculados a la educación superior pública. Si bien no la totalidad de este grupo alcanza los umbrales salariales requeridos para declarar renta, una parte considerable de la planta docente de tiempo completo se vería impactada por la eliminación de este beneficio histórico.

El Observatorio de la Universidad Colombiana ha realizado análisis detallados sobre lo que esta modificación significaría para el bolsillo de los profesores. En un ejercicio práctico, un docente de tiempo completo con una asignación mensual de 10 millones de pesos vería cómo su base gravable anual saltaría de 72 millones a aproximadamente 90 millones de pesos. Este incremento en la base se traduciría en un pago adicional de impuestos de entre 3,5 y 6 millones de pesos al año, lo que equivale a una carga mensual extra de entre 300.000 y 500.000 pesos.

Desde la perspectiva del Gobierno, la eliminación de esta exención es una pieza clave para las arcas del Estado. Se proyecta que para el año 2028, esta medida genere un recaudo adicional de 261.000 millones de pesos. Sin embargo, el análisis de la firma Actualícese sugiere que el impacto es sistémico, pues se suma a otros ajustes en el proyecto de ley, como la reducción del tope de renta exenta laboral del 25%, que pasaría de 790 a 630 UVT (Unidad de Valor Tributario). Para el año 2026, el valor de la UVT se ha fijado en 52.374 pesos.

La discusión sobre estos beneficios no es nueva y ha sido fuente de alta conflictividad social en el pasado. Durante la reforma tributaria de 2016 (Ley 1819), aunque no se eliminó la exención, se impuso un límite a las rentas exentas del 40% del ingreso neto. Esta decisión generó un malestar profundo que desembocó en el prolongado paro universitario ocurrido entre el 10 de octubre y el 16 de diciembre de 2018.

Expertos y académicos ya han empezado a manifestar su preocupación. Adolfo León Atehortúa, profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, ha señalado que, en términos prácticos, "la renta líquida gravable se duplica en la práctica y el impuesto a pagar crece de similar manera". El académico enfatizó la necesidad de analizar este cambio en conjunto con otras disposiciones del proyecto, como las modificaciones en la retención en la fuente, los aportes a salud y la eliminación de deducciones por dependientes económicos, que actualmente permiten descontar 72 UVT por cada persona a cargo hasta un máximo de cuatro.

La propuesta legislativa inicia ahora su tránsito en el Congreso, donde se espera un intenso debate entre la necesidad de recaudo del Gobierno y la defensa de los derechos adquiridos que los docentes universitarios han mantenido durante las últimas cuatro décadas.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste el cambio propuesto para los docentes de universidades públicas?

El Proyecto de Ley de Rescate Económico busca eliminar el beneficio que permite a rectores y profesores de instituciones estatales declarar hasta el 50% de su salario como gastos de representación exentos de impuestos.

¿Cuál sería el impacto económico para un profesor universitario?

Se estima que un docente con un salario de 10 millones de pesos mensuales tendría que pagar entre 3,5 y 6 millones de pesos adicionales en impuestos al año debido al aumento de su base gravable.

¿Qué otros sectores se verían afectados por la eliminación de estas exenciones?

La reforma también plantea derogar beneficios similares para magistrados de tribunal, fiscales, procuradores judiciales y jueces de la República.