Investigación de la Procuraduría por presuntas irregularidades en la venta de activos públicos en Valledupar

La Procuraduría General de la Nación ha formalizado el inicio de una indagación previa dirigida a establecer posibles responsabilidades de funcionarios de la Alcaldía de Valledupar, en relación con un proceso de enajenación de activos municipales que ha generado una fuerte controversia pública. El foco de la investigación se centra en la venta de un lote compuesto por 33 bienes, entre los que se encuentran vehículos de alta gama, maquinaria pesada y motocicletas, los cuales fueron adjudicados por una suma total cercana a los 31 millones de pesos, una cifra que, según las denuncias, resultaría desproporcionadamente baja frente al valor comercial real de los elementos.

El expediente administrativo, identificado bajo el proceso SAEB-SGR-001-2026, detalla la salida del inventario público de equipos críticos para la infraestructura y movilidad de la ciudad. Entre los activos vendidos destacan excavadoras, motoniveladoras, retroexcavadoras y vibrocompactadores, además de camionetas de marcas reconocidas como Toyota y Nissan, y un grupo de 15 motocicletas. La alerta sobre este procedimiento fue emitida inicialmente por el exconcejal Jhon Díaz Carpio, quien ha cuestionado sistemáticamente la transparencia y la lógica económica detrás de estas transacciones.

Dentro de los valores reportados en la adjudicación, llaman la atención cifras específicas que han sido calificadas como irrisorias por los sectores críticos. Por ejemplo, una excavadora John Deere habría sido entregada por 5.155.000 pesos, mientras que una motoniveladora se tasó en 5.022.000 pesos y una retroexcavadora en 3.850.000 pesos. En el caso de las motocicletas, el valor unitario asignado rondó los 215.000 pesos. Sin embargo, el punto de mayor fricción radica en una camioneta Toyota Prado TXL modelo 2013, la cual fue adjudicada por solo 2.500.000 pesos. Para contrastar esta cifra, el denunciante señaló que, según la guía de valores de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), un vehículo de esas características y modelo suele cotizarse en el mercado nacional entre los 126 y los 184 millones de pesos.

La denuncia presentada por Díaz Carpio no solo se limita a los precios de venta, sino que profundiza en la estructura misma del proceso de selección. Según el exconcejal, el lote completo poseía un avalúo de referencia inicial de 3.072 millones de pesos, lo que implicaría que la venta final se realizó por apenas el 1% de dicho monto. Entre las anomalías señaladas ante los entes de control, se menciona que el proceso contó con la participación de un único oferente y que los requisitos de participación fueron modificados de manera sospechosa; específicamente, la visita de inspección técnica a los bienes dejó de ser obligatoria poco después de abrirse la convocatoria.

Adicionalmente, se cuestiona que la invitación pública se limitara exclusivamente a microempresas del departamento del Cesar, restringiendo la libre competencia. Otro aspecto crítico en la línea de tiempo del proceso es la supuesta falta de facultades legales al momento del cierre, pues se afirma que el Concejo municipal de Valledupar solo habría autorizado la venta casi un mes después de que los bienes ya habían sido adjudicados al comprador. Ante la gravedad de estos hallazgos, el denunciante confirmó que ha trasladado toda la documentación pertinente a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría para que actúen en el marco de sus competencias.

Frente al escándalo, el secretario general de la Alcaldía de Valledupar, Eudes José Orozco, ha salido en defensa de las actuaciones de la administración. El funcionario argumentó que el procedimiento se ajustó a la legalidad vigente, explicando que los bienes en cuestión fueron dados de baja debido a que su estado técnico impedía que las aseguradoras continuaran amparándolos. Según Orozco, el destino final de estos elementos era la chatarrización o la baja definitiva, y defendió el uso de un "precio de salvamento", aclarando que este no equivale a un valor de cero pesos. Asimismo, sostuvo que la validez del contrato siempre estuvo supeditada a la obtención de las facultades por parte del Concejo.

Por su parte, el alcalde Ernesto Orozco Durán manifestó su intención de esclarecer los hechos y solicitó un informe técnico pormenorizado sobre cada etapa de la operación, reiterando su compromiso con la salvaguarda del patrimonio público. No obstante, su apoderado legal, Keyner Sanmartín, advirtió que dicho informe no será de conocimiento público por el momento, ya que formará parte integral de la defensa en la investigación penal. Sanmartín enfatizó que serán los organismos de control Fiscalía, Procuraduría y Contraloría los encargados de determinar si existió alguna conducta reprochable o detrimento patrimonial.

En esta fase de indagación previa, la Procuraduría se enfocará en recolectar pruebas documentales y testimoniales para verificar la veracidad de los avalúos, la legalidad de las autorizaciones emitidas por el Concejo y el grado de participación de cada servidor público involucrado. De hallarse méritos suficientes, el órgano disciplinario procederá a la apertura de una investigación formal. Simultáneamente, la Fiscalía examinará si los hechos configuran delitos contra la administración pública, mientras que la Contraloría evaluará si hubo un daño real al erario municipal.

Es importante precisar que, hasta la fecha, no se han emitido sanciones ni se han vinculado formalmente a personas mediante imputación de cargos, por lo cual todos los implicados mantienen su derecho constitucional a la presunción de inocencia mientras avanzan las pesquisas de las autoridades competentes.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Procuraduría investiga a la Alcaldía de Valledupar?

El organismo indaga presuntas irregularidades en la venta de 33 activos municipales, como maquinaria pesada y vehículos, que fueron adjudicados por un total de 31 millones de pesos, cifra considerada irrisoria frente a su valor comercial.

¿Cuáles son los casos más llamativos de esta venta?

Destaca una camioneta Toyota Prado adjudicada por 2,5 millones de pesos, cuando su valor comercial oscila entre 126 y 184 millones, y motocicletas vendidas por 215.000 pesos cada una.

¿Qué irregularidades se señalan en el proceso de adjudicación?

Se denuncia que hubo un único oferente, se eliminó la obligatoriedad de la inspección técnica y el Concejo municipal habría dado la autorización legal casi un mes después de que los bienes ya habían sido entregados.

¿Cómo justifica la Alcaldía el bajo precio de los bienes?

La administración argumenta que los activos estaban en mal estado, no eran asegurables y se vendieron bajo un "precio de salvamento" destinado a la chatarrización, cumpliendo supuestamente con la legalidad.