CARF advirtió que presupuesto asignado solo alcanza hasta octubre y pondrá en riesgo su operación

La advertencia fue incluida en un documento en el que la entidad expone las restricciones presupuestales y su impacto sobre el cumplimiento de sus funciones durante todo el año. El organismo, adscrito al Ministerio de Hacienda y encargado de hacer seguimiento a la sostenibilidad de las finanzas públicas, señaló que con la asignación actual no podría desarrollar plenamente el mandato establecido en la Ley 2155 de 2021.

Según explicó, la disponibilidad de recursos impediría garantizar la continuidad de sus actividades técnicas durante los doce meses del año. De acuerdo con la información entregada, el presupuesto definido para la vigencia de 2026 asciende a 2.230 millones de pesos.

Esta cifra representa una reducción nominal frente a 2025 y una disminución en términos reales en comparación con 2022, cuando el Comité inició operaciones. El CARF indicó que la caída acumulada en los recursos equivale a una reducción cercana a una cuarta parte respecto a su punto de partida.

En el proceso de construcción del anteproyecto presupuestal, el Comité había solicitado una asignación de 3.229,2 millones de pesos. Ese monto buscaba cubrir el funcionamiento anual completo e incluía la vinculación de dos analistas adicionales para fortalecer la capacidad técnica de la entidad. Sin embargo, la cifra finalmente aprobada no correspondió a esa solicitud.

En su pronunciamiento, el CARF indicó que, pese a los esfuerzos realizados para explicar al Ministerio de Hacienda la necesidad de contar con recursos suficientes, la asignación resultó inferior al mínimo requerido para cumplir con todas sus funciones. En ese contexto, la entidad advirtió que, de mantenerse las condiciones actuales, no sería posible operar durante todo el año calendario.

El Comité también hizo referencia al papel que cumple dentro del esquema institucional de la política fiscal del país. Su labor consiste en evaluar el cumplimiento de la regla fiscal, analizar la sostenibilidad de la deuda pública y emitir conceptos técnicos sobre la trayectoria de las finanzas del Estado. Estas funciones están orientadas a ofrecer un seguimiento independiente sobre las decisiones fiscales del Gobierno.

La advertencia sobre el presupuesto se suma a otros elementos incluidos en el más reciente informe presentado al Congreso, en el que el CARF expuso el comportamiento de las finanzas públicas y las proyecciones para los próximos años. En ese documento, el organismo señaló que el incumplimiento de metas fiscales recientes y las estimaciones para 2026 incrementan las necesidades de ajuste.

Según las cifras presentadas, el déficit primario proyectado para 2026 sería superior al estimado por el Gobierno, lo que implicaría mayores esfuerzos para retomar la senda de la regla fiscal. El Comité indicó que este escenario se presenta en un contexto de crecimiento económico limitado y aumento sostenido del gasto público.

El informe también menciona que el país enfrenta restricciones operativas para implementar medidas de ajuste, entre ellas la ejecución de recortes de gasto y la disponibilidad de recursos ya comprometidos en el presupuesto de inversión. Estas condiciones, de acuerdo con el análisis técnico del CARF, inciden en la capacidad de cumplir las metas fiscales definidas.

En materia de deuda pública, el organismo señaló que la trayectoria actual podría requerir ajustes adicionales en los próximos años. Las proyecciones incluidas en el documento indican que el país necesitaría un esfuerzo fiscal significativo para estabilizar los niveles de endeudamiento, en un entorno marcado por condiciones financieras exigentes.

Dentro de este panorama, el CARF reiteró que su capacidad operativa depende de la asignación de recursos suficientes que permitan sostener su funcionamiento durante todo el año. La entidad subrayó que la disponibilidad presupuestal es un factor determinante para garantizar la continuidad de su labor técnica.

Finalmente, el Comité indicó que, en caso de no modificarse la asignación actual, su operación se vería limitada hacia el 31 de octubre de 2026. Esta situación, según lo expuesto, condiciona el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento del mandato legal establecido para el seguimiento de la política fiscal en Colombia.

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