ANM aseguró que advirtió con antelación ocupación ilegal en mina de Cáceres y pidió intervención local

El pronunciamiento se produjo el 29 de abril, en respuesta a señalamientos recientes que cuestionaban la actuación de la entidad frente a actividades no autorizadas en ese punto. De acuerdo con la información divulgada, el 10 de octubre del 2025, la Agencia solicitó a la Alcaldía de Cáceres activar de manera inmediata las acciones de amparo administrativo, tras recibir denuncias relacionadas con la intervención irregular del título minero por parte de terceros.

La entidad indicó que, conforme al Código de Minas, corresponde a las autoridades locales y a los cuerpos de policía verificar las denuncias y ordenar la suspensión de actividades no autorizadas dentro de áreas tituladas.

En ese sentido, la ANM sostuvo que actuó dentro de las funciones que le asigna la normativa vigente y que trasladó oportunamente la información a las autoridades competentes para que adelantaran las actuaciones correspondientes. La entidad reiteró que sus competencias están orientadas a la administración del recurso minero, mientras que la intervención operativa frente a ocupaciones ilegales recae en instancias territoriales.

El pronunciamiento se conoce en un contexto en el que han aumentado las alertas sobre la presencia de economías ilegales asociadas a la explotación de minerales en distintas regiones del país. En el caso específico de La Mandinga, la Agencia destacó la ubicación del título minero, señalando que se encuentra a aproximadamente cinco kilómetros del Batallón Rifles, en una zona donde se han reportado posibles actividades ilícitas.

La entidad indicó que esta situación pone de relieve la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades locales, organismos de seguridad y entidades del orden nacional para atender este tipo de fenómenos. Según la ANM, las estructuras vinculadas a la minería ilegal operan con esquemas que requieren respuestas articuladas para su control.

En relación con el estado del título minero, la Agencia precisó que este continúa vigente y que se encuentra en proceso de cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales establecidos por la legislación colombiana. También señaló que los procesos de formalización permiten ejercer control institucional sobre la actividad minera, así como exigir el cumplimiento de obligaciones en materia ambiental y garantizar trazabilidad en la producción.

Dentro del comunicado, la entidad reiteró que la política de formalización busca integrar a pequeños mineros a la legalidad, con el propósito de regular la explotación y evitar que estas actividades queden en manos de estructuras ilegales. En esa línea, señaló que las acciones institucionales deben enfocarse en fortalecer la presencia del Estado en los territorios donde se presentan estas dinámicas.

La ANM también informó que decidió trasladar el expediente relacionado con la mina La Mandinga desde el Punto de Atención Regional hacia su sede central en Bogotá. Según explicó, esta medida tiene como objetivo reforzar el seguimiento al caso y evaluar nuevas actuaciones dentro de sus competencias.

El traslado del expediente se produce en medio de un debate más amplio sobre el control territorial y la explotación ilícita de minerales, especialmente en regiones donde confluyen actividades informales, presencia de grupos ilegales y limitaciones en la capacidad institucional.

Las autoridades han señalado que la minería ilegal representa impactos en distintos frentes, incluyendo el ambiental, el económico y el de seguridad. En departamentos como Antioquia, estas actividades han sido objeto de seguimiento debido a su relación con economías clandestinas y disputas por el control de zonas con potencial minero.

En su comunicación, la ANM reiteró que el Gobierno Nacional mantiene la política de promover una minería bajo parámetros legales y regulados, con el objetivo de garantizar el aprovechamiento de los recursos del subsuelo bajo condiciones establecidas por la normativa vigente.

El caso de La Mandinga continúa bajo revisión, mientras avanzan las verificaciones sobre las denuncias de ocupación irregular y las acciones institucionales que se puedan derivar en el marco de las competencias de las distintas autoridades involucradas.

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