Consejo de Estado ordena recaudar pruebas en proceso de pérdida de investidura contra Isabel Zuleta por el escándalo del “Tarimazo” en Medellín

El Consejo de Estado avanzó en el proceso de pérdida de investidura que enfrenta la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, ordenando la recolección de nuevas pruebas por su presunta participación en la salida de reconocidos cabecillas criminales de la cárcel de Itagüí para asistir a un acto político del presidente Gustavo Petro en Medellín, episodio que fue bautizado nacionalmente como “El Tarimazo”.

En una decisión conocida en las últimas horas, la alta corte solicitó formalmente al INPEC todas las órdenes de salida, autorizaciones, registros internos y documentos administrativos que permitieron que peligrosos jefes de estructuras delictivas del Valle de Aburrá abandonaran temporalmente ese establecimiento carcelario el día del evento. Asimismo, requirió a la Presidencia de la República entregar las resoluciones y comunicaciones oficiales que, eventualmente, avalaron la presencia de esos individuos en la plaza pública de la Alpujarra.

El episodio que desató la tormenta política

El 21 de junio de 2025, Medellín fue escenario de uno de los episodios más controvertidos del actual gobierno. Durante un acto político del presidente Petro en la plaza de La Alpujarra, varios de los más temidos cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá, algunos con condenas por homicidio, extorsión, secuestro y desplazamiento forzado, aparecieron ubicados en la tarima principal, al lado del presidente Gustavo Petro y dirigentes del Pacto Histórico.

Posteriormente se conoció que los delincuentes habían salido bajo custodia del INPEC, lo que generó un escándalo nacional y abrió interrogantes sobre quién autorizó esa operación, con qué objetivo y bajo qué figura jurídica. El hecho produjo rechazo de múltiples sectores políticos, alarmas en la opinión pública y denuncias que terminaron en la apertura de procesos disciplinarios, penales y políticos.

Isabel Zuleta, en el centro del proceso

La senadora Isabel Zuleta fue señalada por varios denunciantes, entre ellos la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, como la principal gestora de la presencia de los cabecillas en el evento. Según las acusaciones, habría intervenido directamente para que el INPEC facilitara la salida de los internos, lo que podría constituir una intervención indebida en funciones públicas, abuso de poder, suplantación de funciones y un presunto tráfico de influencias; factores que motivaron la solicitud de pérdida de investidura.

El Consejo de Estado, al ordenar estas pruebas, busca establecer con precisión si la congresista participó en actos que comprometan su investidura o que representen una violación a los deberes éticos y legales propios del cargo.

Lo que sigue en el proceso

Una vez el INPEC y la Casa de Nariño remitan los documentos solicitados, el Consejo de Estado analizará si hubo actuación irregular de la senadora y si existió un uso indebido del poder político para favorecer a individuos privados de la libertad y decidir si declara la muerte política a Zuleta.

El caso del “Tarimazo” continúa siendo uno de los escándalos más sensibles del actual gobierno, por la gravedad institucional que implica permitir que jefes criminales participen en actos políticos oficiales. Con esta decisión, el alto tribunal deja claro que el episodio no quedará en la impunidad jurídica ni política.