Zona económica binacional en la mira, la Corte Constitucional iniciará revisión tras demanda ciudadana

La Corte Constitucional admitió para su estudio una demanda que cuestiona la legalidad del memorando de entendimiento suscrito entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para la creación de una zona económica binacional. El documento fue firmado el pasado 17 de julio con el propósito de fomentar el desarrollo comercial y productivo en la zona fronteriza.

Según se dio a conocer, la acción fue presentada por David Jacobo Gómez Zamora, quien solicitó al alto tribunal revisar posibles irregularidades jurídicas en la firma del acuerdo, entre ellas una presunta omisión legislativa por parte del gobierno colombiano. La información entregada y según el demandante, el memorando fue suscrito sin el cumplimiento de los procedimientos que, en su opinión, deberían incluir la intervención del Congreso de la República.

El demandante argumentó que el proyecto binacional, al tener implicaciones económicas, comerciales y territoriales, requería una regulación legal previa que garantizara su constitucionalidad. Además, señaló posibles irregularidades en los contenidos del acuerdo que podrían afectar la soberanía nacional y la competencia de entidades públicas.

En su decisión de admisión, la Corte Constitucional ordenó la práctica de pruebas durante un plazo de diez días. Durante este tiempo, se deberá informar del proceso al Presidente de la República, así como a los ministerios de Defensa, Comercio y Hacienda, con el fin de que emitan sus respectivas respuestas y consideraciones sobre el memorando de entendimiento y su alcance legal.

Además, se ordenó a los despachos públicos involucrados la entrega de documentos e informes relacionados con la elaboración, revisión y firma del memorando. Estas pruebas serán clave para determinar si existieron omisiones o actuaciones contrarias al marco legal y constitucional vigente.

La Corte Constitucional aclaró que la admisión de la demanda es el inicio del estudio correspondiente, en cumplimiento del control constitucional que le compete.

El memorando de entendimiento suscrito por Colombia y Venezuela ha sido presentado por ambos gobiernos como una herramienta para promover la integración económica en la frontera, facilitar el comercio binacional y generar condiciones favorables para la inversión en zonas históricamente afectadas por el contrabando y la informalidad.

Expertos han manifestado que con la admisión de la demanda, la Corte deberá analizar si el memorando se ajusta a la Constitución y si el Ejecutivo actuó dentro de sus competencias al suscribirlo sin aprobación legislativa previa. El proceso se encuentra en etapa inicial y está pendiente de la recolección de pruebas y los pronunciamientos oficiales requeridos por el alto tribunal.