"Un desacato que no originamos": la ministra del Trabajo responde a la sanción de arresto impuesta por un juez de Cali

La reacción del Ministerio

A través de su cuenta en X, la jefa de la cartera laboral se pronunció dos días después de que se conociera la sanción. "¡Tres días de arresto por un desacato que no originamos!", escribió López, quien añadió que "la medida ordenada es lo de menos".

La ministra afirmó que la tutela es anterior al 7 de agosto, fecha en la que se posesionó el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, y aseguró que su despacho ya había adelantado actuaciones para acatar lo ordenado por los jueces. En su mensaje responsabilizó de los incumplimientos al Gobierno de Gustavo Petro y al exministro del Trabajo Antonio Sanguino: "Lo indignante es tener que responder por la ineptitud, la negligencia y los incumplimientos del gobierno de Petro", señaló.

López también anunció que continuará presentando ante las autoridades denuncias por presuntas irregularidades halladas en el Ministerio. "Seguiremos denunciando la podredumbre y las presuntas irregularidades que estamos encontrando", escribió. Hasta el cierre de esta nota, el Sena y su director no se habían pronunciado públicamente sobre la sanción.

El origen del caso

La decisión fue adoptada por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali y se conoció el 9 de octubre. El proceso se relaciona con Gregorio Alfredo Dájome Granja, un trabajador que salió de su cargo como consecuencia de un concurso de méritos y que acudió a la acción de tutela para proteger sus derechos.

En primera instancia, la sentencia T-097 del 22 de julio de 2026 amparó sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital. Posteriormente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó esa protección en segunda instancia. Las órdenes judiciales exigían a las entidades estudiar alternativas para reubicarlo en un puesto de trabajo, incluida la posibilidad de un nombramiento provisional en un cargo compatible con su perfil.

Según el auto conocido por los medios, el despacho concluyó que las entidades "nada han hecho respecto de la reubicación a un puesto de trabajo". El juzgado indicó que el Ministerio del Trabajo no demostró haber verificado la existencia de vacantes de carrera o de cargos temporales en su planta de personal acordes con las calidades del trabajador. En cuanto al Sena, señaló que la entidad no acreditó haber expedido un acto administrativo motivado, es decir, una decisión formal y argumentada, sobre si adoptaba o no una medida a su favor.

Qué significa la sanción y qué sigue

El incidente de desacato es el mecanismo con el que un juez busca que se cumpla una orden de tutela cuando la autoridad obligada no la acata. La sanción contempla, para cada funcionario, tres días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta figura no constituye una declaración de responsabilidad penal ni disciplinaria; su propósito es presionar el cumplimiento del fallo.

La medida no se ejecuta de inmediato. Por ley, debe pasar por el llamado grado jurisdiccional de consulta, una revisión automática a cargo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que podrá confirmarla, modificarla o revocarla. En la práctica, si las entidades demuestran que cumplieron la orden antes de esa revisión, la sanción puede quedar sin efecto.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Quiénes fueron sancionados y por qué razón?

La ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, y el director del Sena, Fray Ricardo Torres Castro, fueron sancionados con tres días de arresto y una multa por no cumplir un fallo de tutela.

¿Cuál fue la reacción de la ministra del Trabajo ante la sanción?

La ministra Natalia López cuestionó la decisión, argumentando que el caso se originó antes del actual Gobierno y responsabilizó a la administración anterior y al exministro del Trabajo Antonio Sanguino.

¿Cuál es el origen del caso que llevó a la sanción?

La sanción se relaciona con el incumplimiento de una orden judicial para reubicar a Gregorio Alfredo Dájome Granja, un trabajador que acudió a una acción de tutela para proteger sus derechos laborales.